Secretaría del Trabajo va por “eliminar el outsourcing abusivo”
La secretaria Luisa María Alcalde afirma que colaborará con el Congreso de la Unión
La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, se manifestó a favor de colaborar con el Congreso para discutir una reforma estructural de gran calado que permita eliminar “la subcontratación abusiva”. “Nosotros, con todo gusto, (vamos a) colaborar en la discusión de una aprobación de una reforma que realmente dé herramientas para fortalecer los mecanismos de acción para eliminar la subcontratación abusiva”, dijo en una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, que preside el morenista Napoleón Gómez Urrutia.
No obstante, afirmó que en la reforma laboral de 2012 se establecieron “candados” para frenar la subcontratación; sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se “hizo de la vista gorda” y no realizó ninguna inspección.
“La subcontratación está regulada. El enorme problema es que, desde entonces, hubo un compromiso, y así se los digo abiertamente, el gobierno se comprometió a no hacer ninguna inspección de subcontratación. Llegamos a la dependencia y ni una sola inspección en materia de subcontratación se hizo en todo el sexenio”, aseveró.
De acuerdo con la funcionaria, “a través de los años este modelo perverso empezó a extenderse y entonces, incluso, lo podemos ver vinculado a factureras, a lavado de dinero; es una red muy completa que finalmente se instauró en muchos centros de trabajo”. Se manifestó a favor no sólo de reformar la Ley Federal del Trabajo, sino, sobre todo, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Precisó que la dependencia a su cargo, en coordinación con el IMSS y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, realiza operativos estratégicos para detectar la subcontratación ilegal.
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, Pablo Lezama, consideró que eliminar la subcontratación ilegal es una necesidad, no obstante que la ley actual contempla diferentes mecanismos que le permiten a la Secretaría del Trabajo, al SAT, al IMSS y al Infonavit poder llevar a cabo acciones para frenar las prácticas ilegales.