Piden al SAT aclarar sobre retención en outsourcing
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emplazó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a aclarar a más tardar el 24 de enero, la aplicación de la retención del 6 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tienen que hacer desde el 1 de enero de 2020 las empresas y personas físicas con actividad empresarial que realizan subcontratación. “Se le requiere para que en un término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, manifieste cuál es la interpretación del contenido de la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, en atención a las dudas que ha conocido Prodecon por parte de contribuyentes”, suscribe el oficio cuya copia tiene El Financiero. La Miscelánea Fiscal 2020 adicionó la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, con el argumento de establecer la obligación para los
contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral u outsourcing, de retención del 6 por ciento y enterarlo al SAT.
Sin embargo, expertos consideran que la redacción del artículo es ambigua y va más allá de la subcontratación laboral, por lo que se interpreta que la retención del 6 por ciento del IVA abarca al outsourcing pero también a todo tipo de servicios que se contraten.
El artículo extiende la obligación al personal que preste los servicios incluso fuera de las instalaciones de la empresa contratante, estén o no bajo la dirección, supervisión, o dependencia del contratante. Prodecon señala en el oficio que “se ha tenido conocimiento que existe incertidumbre por parte de diversos contribuyentes en relación a la interpretación que se le debe dar al contenido del artículo señalado, en cuanto a los supuestos en que deberá efectuarse la retención del 6 por ciento, toda vez que el artículo en su redacción es muy genérico”. Gabriel Aranda, consultor fiscal y en seguridad social, consideró que es “indispensable” que el SAT aclare la retención del IVA mediante una regla miscelánea, para evitar interpretaciones incorrectas y afectaciones a profesionistas que asesoran a grandes corporativos o personas físicas que prestan diversos servicios a empresas, cuando no están en el esquema de outsourcing.