SALVADOR CAMARENA
Jaime Bonilla parece dispuesto a probar la resistencia de la sociedad mexicana para sobrellevar el cinismo de sus políticos.
El gobernador de Baja California ha decidido que, contra esa mala costumbre de los ejecutivos estatales de dar notarías a sus cuates al momento de despedirse del gobierno, él innovará tan discrecional rito y ha entregado ya, cuando aún no termina ni el primer semestre de su gestión, el permiso notarial a su cuate Xicoténcatl Leyva, exmandatario de aquella entidad que ni siquiera Carlos Salinas aguantó.
Pero el caso reviste mucho más que una estampa de cómo el viejo priismo ha vuelto de la mano de Morena.
Porque no estamos ante un asunto más de nuestra pícara cultura política. Es mucho más grave. Si algo nos han enseñado los últimos años es que si queremos corregir la impunidad y la corrupción, debemos tomar nota de lo que pasa en las notarías. Sí, en esas oficinas que gobernadores como Bonilla regalan como si fueran títulos nobiliarios. Durante años, por ejemplo, los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre muchos otros periodistas, se han topado con una constante. En la creación de empresas fantasma o fachada, o de entidades mercantiles que se usan para simular operaciones o desviar recursos, siempre sale a relucir que hubo notarios a quienes pasó de largo que las gentes que estaban suscribiendo como suyas varias empresas eran, notoriamente, personas de escasos recursos e improbable perfil empresarial. Si eso lo descubre un reportero a simple vista, ¿por qué un notario ni se da por enterado?
El papel de los notarios en las presuntas tramas de corrupción que han sacudido a México no es menor. En las historias de sistemas de desfalco y de las redes de empresas fantasma, ellos son los que, en muchas ocasiones, unen las piezas. Constituyen un nodo del que se pueden extender hilos hacia otras empresas fachada, otros socios de paja, otros desvíos, otros políticos y sus escándalos.
Por ejemplo, en Nuevo León, el registro Público da cuenta que un mismo notario dio fe a 15 empresas catalogadas como fantasma que participaron en esquemas de desvío con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la llamada Estafa Maestra. ¿Mucha coincidencia?
En otra región: empresas de Veracruz cumplen más o menos el mismo patrón, en una sola notaría se crean, con horas de diferencia, racimos de compañías que tienen en común tanto accionistas como representantes legales. En Quintana Roo fue a través de notarios como funcionarios del entonces gobernador Roberto Borge se hicieron de terrenos de alto valor comercial a precios de risa al simular juicios laborales o adeudos. Un esquema de despojos que afectó intereses nacionales y extranjeros.
Ejemplo final: los despojos de Nayarit en tiempos del gobernador (es un decir) Roberto Sandoval y del fiscal narco Edgar Veytia, eran legalizados por notarios. El argumento de algunos notarios es que ellos no pueden discriminar a quienes van a abrir empresas, que la ley (promovida por ellos, por cierto) así los obliga. Según eso para evitar discriminación. Pero, al mismo tiempo, están obligados por la Ley Antilavado a dar parte de acciones sospechosas, como que una misma persona tenga acciones en más de 10 empresas creadas en menos de tres años. Ejemplos, pues, sobran. Pero mientras los gobernadores las den a sus cuates, y ellos se hacen los que la virgen les habla, seguirán las estafas, maestras o burdas.
En las historias de sistemas de desfalco ellos son los que, en muchas ocasiones, unen las piezas