Suprema Corte suspende reglas de Sener para las renovables
El máximo tribunal admitió la controversia constitucional presentada por la Cofece la semana pasada
Buscan que la dependencia desista de la política de confiabilidad emitida
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía (Sener), y ordenó la suspensión de todas las medidas contenidas en ésta. El pasado 22 de junio, la Cofece, dirigida por Alejandra Palacios, anunció que interpuso una controversia constitucional contra las últimas medidas publicadas por Sener.
Con esto busca que la Suprema Corte determine si la dependencia dirigida por Rocío Nahle tiene la facultad de emitir una regulación que ignore las facultades del organismo antimonopolios.
“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, señaló el ministro Luis María Aguilar. Explicó que la medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente. Destacó que con la suspensión decretada no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que la concesión de la suspensión traerá como efecto que se sigan aplicando las disposiciones que prevalecían con anterioridad.
La suspensión es de efecto general, es decir, aplica para todos los participantes del mercado eléctrico. Por ahora, todos los generadores de electricidad podrán seguir operando como hasta antes de que se publicara esta política. Al respecto, Nahle escribió en su cuenta de Twitter que “el Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético en México. El Gobierno federal es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”; la Cofece declinó dar comentarios.
LARGO PROCESO
Abogados consultados explicaron que la suspensión estará vigente por el tiempo en que la Suprema Corte necesite para decidir si fallará a favor de Cofece. El proceso podría demorar entre seis meses y un año, tiempo en el cual ninguna de las acciones contenidas en la política podrán ser puesta en marcha. Hasta ahora, la SCJN no ha designado qué ministro resolverá el caso de fondo.
Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie, dijo que “como se anticipaba, ante las impugnaciones que ha sido objeto la política desde su publicación —y ahora con esta suspensión— se ve difícil que pueda ser aplicada, por lo menos, hasta el último trimestre de este año”. La suspensión de la Suprema Corte se suma a otras 50 suspensiones definitivas que ya han sido concedidas por los jueces especializados en competencia a compañías privadas y organizaciones ambientales como Defensa Colectiva y Greenpeace.
En total, la política de confiabilidad acumula 72 solicitudes de amparo por parte de compañías privadas y organizaciones. “Los amparos van a resolver esa vulneración, no los derechos de los quejosos, y la controversia va a resolver si el acto de autoridad en cuestión invadió o no las facultades de Cofece en este caso”, dijo Daniel Salomón, asociado del despacho jurídico González Calvillo.
Por su parte, Sánchez señaló que “la suspensión deriva del procedimiento de controversia constitucional que presentó Cofece, pero en paralelo y desde antes ya existían amparos y suspensiones provisionales otorgadas por los jueces federales. Esas suspensiones benefician solo a quienes presentaron amparo y les concedieron la suspensión, y se revisarán en tribunales colegiados. Esta suspensión se da por la Suprema Corte y se da con efectos generales, o sea, la política no aplica para nadie”.
EN ESPERA. De acuerdo con abogados, la suspensión de la política de confiabilidad del SEN podría durar entre seis meses a un año completo.