Un problema sistémico
Diez días han pasado desde que elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, apoyados por la Guardia Nacional y el Ejército Méxicano, cumplieron una orden de cateo y de aprehensión en San Isidro Helguera, comunidad de Celaya. El objetivo de esta operación conjunta fue detener a varios presuntos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual tiene su base de operaciones en el Bajío y se dedica especialmente al tráfico de combustible, la extorsión y el narcotráfico.
El operativo de grandes dimensiones fue detectado por los miembros de este grupo del crimen organizado. Con la intención de generar distractores para evitar el paso de los agentes de seguridad, una red de “halcones” y sicarios de esta organización generaron once quemas de vehículos y negocios.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los elementos policiacos lograron poner en resguardo a 26 presuntos miembros del cártel. Una de las noticias que más atención atrajo ese día fue que, entre las personas detenidas se encontraba la madre y varios familiares de José Antonio Yépez, “El Marro”, líder de dicha organización criminal.
“El Marro” anunció por un video que tomaría las acciones necesarias para detener el avance de las autoridades y de los cárteles enemigos. Días después, miembros de esta célula criminal intentaron generar un acto terrorista y abandonaron un automóvil con explosivos en las inmediaciones de la refinería de Salamanca que, por fortuna, el Ejército identificó y logró desactivar a tiempo. Una semana después del operativo conjunto, las 26 personas detenidas fueron puestas en libertad. Incluso la familia de “El Marro”, a quienes se les señalaba como operadores financieros y por delitos como narcomenudeo. La defensa argumentó que existieron errores e irregularidades graves en el proceso de aprehensión y el perito a cargo de mostrar las pruebas en contra de los detenidos no se presentó a declarar. Por estos motivos, la jueza del caso estimó que las acusaciones se caían y liberó a las personas imputadas.
Estos hechos golpean a la sociedad que padece todos los días los crímenes de los grupos delictivos. También hacen tambalear a la reputación de nuestro sistema de justicia. Se trata de una injusticia hacia quienes ponen su vida en riesgo con el objetivo de detener a quienes han hecho un profundo daño a la sociedad.
No se puede descartar, como lo señaló ayer el presidente, que la corrupción podría estar presente en estas liberaciones. Sin embargo, también se debe reconocer que estas circunstancias podrían ser parte de un problema sistémico en nuestro país: una enorme cantidad de delincuentes no pisan la cárcel porque no se siguen los procesos adecuados para las detenciones. En la mayoría de los casos los policías no tienen la preparación adecuada para poder dar seguimiento a lo que indica la ley.
Así lo revela la “Encuesta 2019: ¿Qué piensa la policía?” realizada por la organización Causa en Común. Este estudio que contó con la participación de 4 mil 452 policías de 28 estados, destaca que 7 de cada 10 no se sienten capacitados para tener una audiencia frente a un juez y prácticamente la mitad compartió que no sabe recibir denuncias.
Sumado a esta falta de capacitación, los policías estatales también reconocen en su amplia mayoría que esperan un aumento a sus ingresos, pero sólo tres de cada diez reconoce haberlo recibido durante su carrera.
Estos datos nos dan la pauta a seguir. Es necesario salir de la anécdota y voltear a ver el sistema de seguridad en su conjunto. La sociedad exige que el combate al crimen sea integral, por eso necesitamos volver prioritarias acciones para fortalecer la capacitación de la policía, respaldar con recursos técnicos el trabajo de investigación e integración de evidencia y liberar al sistema penal de la corrupción. Solo de esta manera podremos detener el ciclo de injusticias que hoy impera en nuestro país.