La ruta del dinero (todavía) no lleva a ninguna parte

En medio del desastre en materia de seguridad, algo se puede reconocer al gobierno de AMLO: arrancó con la convicción de que había que cambiar las cosas. Más de una década de capturas, abatimientos y operativos militares no dieron buenos resultados. Llegamos a 2018 con más violencia y con más muertos que nunca. Ni la gente dejó de sentirse insegura en las calles, ni los policías recuperaron la confianza de los ciudadanos. Ante el fracaso de los gobiernos previos, la 4T renunció a la locura. Se dejó de hacer lo mismo y esperar resultados distintos. El viraje del nuevo gobierno tuvo su lado retórico en la promesa de “abrazos, no balazos”.

Sin embargo, no todo en la estrategia inicial de López Obrador fueron slogans ingenuos y gestos pacifistas. También se intentó, tal vez con más ahínco que nunca, seguir “la ruta del dinero” y golpear las estructuras financieras del crimen organizado. Santiago Nieto, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se convirtió en una de las caras protagónicas en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Los anuncios de congelamiento de cuentas, tanto de aquéllas vinculadas a grupos criminales como a políticos corruptos, se volvieron frecuentes. Sin embargo, en lo que a crimen organizado se refiere, todavía no queda claro que las acciones de la UIF estén haciendo una diferencia. Hay dos limitaciones que, por lo pronto, hacen imposible llegar muy lejos en el combate al lavado de dinero.

La primera limitante tiene que ver con la naturaleza de nuestra economía. La realidad es que los criminales en México podrían prescindir casi completamente del sistema financiero para manejar sus negocios y gastar sus ganancias. El grueso del dinero del crimen organizado ni siquiera se “lava” propiamente. Ingresa al país en efectivo y se diluye en el océano de la economía informal. En pocos países del mundo es tan fácil y tan habitual, por ejemplo, tener gente trabajando sin contrato y sin generar registro ante ninguna autoridad: ni laboral, ni fiscal, ni local. Se habla mucho de inteligencia financiera y de las empresas formales que establecen algunos de los capos más prósperos. Sin embargo, hasta donde sé, nadie se ha dado a la tarea de investigar cómo se gasta el dinero que ingresa al crimen organizado y qué porcentaje de ese dinero podría llegar a ser rastreado. Sospecho que, para golpear en serio al crimen organizado a través de su estructura financiera, primero sería necesario avanzar en la formalización de la economía y convertir en indispensable tal estructura. Dicho la anterior, el combate al lavado de dinero no es irrelevante. También es cierto que hay organizaciones criminales que sí han construido andamiajes sofisticados para lavar e invertir una parte de sus ingresos. Si bien desmantelar dichos andamiajes no supondría un golpe definitivo a las organizaciones en cuestión, hacerlo sí podría servir para debilitarlas en momentos estratégicos. Las transferencias bancarias se mueven más rápido y más lejos que el efectivo. El rápido acceso al dinero en cuentas puede ser clave, por ejemplo, para echar a andar la maquinaria de sobornos y presiones que permite a muchos criminales evadir la justicia en las horas y días posteriores a su captura. Desafortunadamente, la UIF también enfrenta una importante limitante legal: no es Ministerio Público y, por lo tanto, los congelamientos de cuentas que hace no cumplen con las formalidades que serían necesarias dentro de un proceso penal. Además, por resolución de la SCJN, la UIF sólo puede congelar cuentas en el supuesto de que exista una obligación de México frente a otros países u organizaciones internacionales para hacerlo (un supuesto que rara vez se cumple). Peor todavía, hay claras diferencias entre Santiago Nieto y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la legalidad del congelamiento de cuentas. Estas diferencias ya eran evidentes desde hace tiempo, pero salieron a relucir en un debate que Gertz Manero sostuvo hace algunas semanas con el investigador Edgardo Buscaglia. En resumen, a Gertz Manero le parece: 1) que Santiago Nieto está más interesado en el show mediático que en dar resultados; 2) que la UIF no está facultada para congelar cuentas; y 3) que ni la UIF ni las otras áreas de la Secretaría de Hacienda le están proporcionando la evidencia que sólo ellas pueden generar, y que sería crítica para armar casos firmes en materia de lavado de dinero. Gertz Manero habla con autoridad y es probable que tenga razón en muchos de sus argumentos. Sin embargo, en su posición también se advierte un cierto fatalismo, como si pensara que no hay mucho que se pueda hacer para combatir de forma eficaz las redes financieras de la delincuencia. La ruta del dinero, por lo pronto, no lleva a ninguna parte.