¿Ahora sí, el consejo fiscal independiente?
Entre la vorágine informativa sobre la elección presidencial en Estados Unidos casi pasa desapercibida la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General que crea el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, que suplirá al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y tendrá la función de un consejo fiscal en México.
A iniciativa de la diputada Soraya Pérez, la reforma aprobada por amplia mayoría en San Lázaro dará paso a un organismo especializado, apartidista e independiente del gobierno en sus decisiones y recomendaciones en temas hacendarios. Según su programa de trabajo, el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública podrá emitir opiniones sobre el paquete económico y las asignaciones presupuestarias; evaluar proyecciones macroeconómicas, así como el cumplimiento de reglas fiscales; analizar el impacto presupuestario a largo plazo, y evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La legisladora priista señala que cada año, el Paquete Económico se aprueba sin un debate profundo y la falta de discusión fiscal se extiende en todo el ciclo presupuestario. En torno a la discusión fiscal y la rendición de cuentas, organismos multilaterales como el FMI, del sector privado como la Coparmex y de análisis como México Evalúa, entre otros, han insistido en la necesidad de contar con un consejo fiscal independiente de influencia política.
Una figura así es conveniente en la medida en que apoye en el cumplimiento de las metas fiscales para no comprometer la estabilidad económica en tiempos de crisis por la pandemia, y que promueva la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuya situación representa un factor de riesgo latente.
Como parte de la evaluación anual del FMI sobre la economía mexicana en 2020, concluida recientemente, el organismo ve necesario en el país “anunciar una reforma tributaria creíble a mediano plazo –para implementarse una vez que la recuperación esté en marcha– con el fin de reforzar el espacio para brindar apoyo a corto plazo, cerrar brechas fiscales, reducir la deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social”.
Y sugiere que los “planes de reforma tributaria deberían anunciarse una vez que la recuperación (económica) sea firme”.
En concreto, recomienda ampliar la base impositiva, aumentar los impuestos locales y reducir las brechas en el IVA. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, ya había dejado claro previamente que la administración del presidente López Obrador no concuerda con algunas de las recomendaciones del FMI.
El gobierno mexicano rechaza sobre todo la recomendación de aumentar impuestos, en ningún rubro, incluidos ISR, IVA y gasolinas, menos aún en la actual coyuntura de la recesión económica a causa de la covid-19. Con independencia del debate sobre la reforma tributaria y la decisión del gobierno de no incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos, el contexto es propicio para introducir un consejo fiscal en México.
Además de la polémica sobre la utilización de fondos y fideicomisos extinguidos para enfrentar las crisis económica y sanitaria, hay un gran debate sobre el gasto federalizado ante las propuestas de los gobernadores de la Alianza Federalista, que insisten en una distribución más justa y equitativa de los recursos.
Aunque no está definido quiénes lo integrarán y dirigirán, el nuevo Instituto de Estudios de la Hacienda Pública está llamado a acompañar las discusiones sobre los retos de la política fiscal del país en los próximos años. Ojalá.