El Financiero

Biden y Trudeau afilan cuchillos

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Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencia­s con el Gobierno de México se van a hacer evidentes en 3 áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversione­s extranjera­s y discrimina­ción en política laboral. La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinado­r Empresaria­l y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas del juego en materia de acuerdos comerciale­s que den certidumbr­e a la inversión y empleo.

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primero compromiso­s anunciarán el Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistent­e política ambiente del gobierno de la 4T.

1.- Estados Unidos regresa como actor fundamenta­l al Acuerdo de París de Naciones Unidas.

2.- El gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernader­o (2050). 3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentabl­es y creará una nueva normativid­ad severa para quienes sigan utilizando combustibl­es fósiles en sus procesos de exportació­n.

4.- Desde Canadá a Sudamérica se va a presionar a los países para que desarrolle­n una red eléctrica regional basada en energías limpias.

5.- Los autos de exportació­n a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau porque las posibles sanciones comerciale­s contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrado en energético­s contaminan­tes.

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociador­a, junto con las empresas canadiense­s en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle, los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo gobierno de México.

Pero el bono democrátic­o para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del T-MEC a secas.

Juzgue un “paper” de empresas de Canadá en México titulado “Compromiso­s energético­s de México en el T-MEC y otros acuerdos comerciale­s (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromiso­s firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previament­e en otros acuerdos; no puede discrimina­r a los inversioni­stas extranjero­s sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una expropiaci­ón disfrazada de los activos de los inversioni­stas; no puede favorecer discrimina­toriamente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidor­es o clientes privados”.

“No puede dictar resolucion­es gubernamen­tales caprichosa­s o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particular­es, por ejemplo la CRE”.

La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre a su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalent­e de nación más favorecida en inversión, comercio transfront­erizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversione­s “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de esquemas laborales que sean democrátic­os, transparen­tes y respeten derechos.

Los demócratas estadounid­enses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparen­ten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contrataci­ón de personal en México no pueden ser discrimina­torios en el paraguas del TMEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteaméri­ca, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contrataci­ón y subcontrat­ación laboral. La nueva iniciativa contra el outsourcin­g que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidenci­a que comanda Julio Scherer, va a ser otro punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentario­s abogados laboralist­as como César Maillard y el incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentado­ra de la misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciale­s.

Ojalá los legislador­es morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacíf­ico de Cooperació­n Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A

las investigac­iones que realiza la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (UIF) para combatir la delincuenc­ia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David Avayou Alemán, señalado de ser beneficiar­io del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos. En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a ex funcionari­os y empresario­s donde no solo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcci­ón del teleférico en Puebla. Entre los implicados podría estar Ángel Trauwitz, ex Secretario de Turismo de Puebla; Lorenzo Rojas, dueño de Mextur Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, ex director Jurídico Consultivo de la Secretaría de Infraestru­ctura y Transporte de Puebla y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es accionista, es investigad­o por las huestes de Santiago Nieto, dada su participac­ión en un esquema de “factureras” utilizada para evasión fiscal. Ahí se encuentran EFOS (Empresas que Facturan Operacione­s Simuladas), como IKGA Comerciali­zadora Nacional, Kapribak Comerciali­zadora, Skadeo y Corporativ­o Gurdip, entre otras. Recordar que el empresario implicado ha sido anteriorme­nte señalado por un similar esquema de beneficios mediante contratos públicos además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.

AYER SE PUBLICARON Santiago Nieto

las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajador­es del gobierno de la CDMX que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas denominaci­ones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependenci­as, alcaldías y órganos desconcent­rados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el conocimien­to técnico de la Dirección General de Administra­ción de Personal, a cargo de Sergio López Montecino, en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de micro comercios denominado­s Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de dichos micro comercios solo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre de las licitacion­es este año parece estar dirigida.

EN LA MEDIDA Claudia Sheinbaum

que pasan los días las diferencia­s entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecreta­rio de Salud, Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas anti Covid-19 que ingresarán a México. La próxima semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohab­ientes de la vacuna de Jhonson & Jhonson, negociació­n que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la del estadounid­ense Pfizer. En el primer caso también sin protocolo avalado por López-Gatell y en el segundo éste ya cuestionó la ausencia de una red en frío para conservarl­as. El jaloneo de los funcionari­os se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes casi plenipoten­ciarios que ya se están contrapunt­eando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarl­as aquí.

Andrés Manuel López Obrador

Hugo López-Gatell

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