Ni el derecho ni intermediarios: la 4T en movimiento
Mi hipótesis es simple: en su frenesí por lograr lo que llama “La Cuarta Transformación de México”, el presidente y sus seguidores buscan construir una nueva hegemonía política, basada en la intransigencia con la oposición y la crítica, y un clientelismo que abreva de la desigualdad y la pobreza. Por eso polariza el debate público y arremete contra las instituciones. En particular confronta y desprecia al derecho. Retomo ejemplos de un artículo –que me habría gustado escribir– de López Ayllón y Martín Reyes intitulado “Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben)” en el libro Balance Temprano (ed. Grano de Sal, 2020). a) El 14 de mayo de 2020 se anunció la creación de una Guardia Nacional que tendría un mando adscrito a las Fuerzas Armadas, que operaría bajo la “coordinación” de autoridades civiles con militares y que dicha coordinación se realizaría a través de un consejo. En México las tres cosas son inconstitucionales.
b) Sobre el mismo tema de seguridad, el presidente emitió un “Acuerdo” mediante el que trasladó las tareas de seguridad pública a las fuerzas militares. De nueva cuenta la decisión – que ha sido impugnada ante la Suprema Corte por la presidenta de la Cámara de Diputados– es inconstitucional. Por el momento, surte efectos.
c) Mediante una reforma constitucional se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, por lo que una persona es privada de su libertad durante el proceso penal en el que se le acusa. Dado que la reforma fue a la Constitución es constitucional, pero contradice tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, es inconvencional.
d) La “Circular Uno” con la que el presidente ordenó a su gobierno “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con la finalidad de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado la discrecionalidad, opacidad y corrupción”. Ese documento estigmatiza a las organizaciones civiles y las priva de apoyos económicos de origen público para operar, no tiene fundamento constitucional o legal alguno. e) La decisión de cancelar la reforma educativa mediante un “memorándum” del 16 de abril de 2019. De nuevo la fundamentación jurídica de ese acto es nula. Pero el presidente no consideró necesario tener sustento legal para decidir lo que decidió: “con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas”, dijo. Así ordenó dejar de aplicar la Constitución y la ley. f) En una conferencia matutina el presidente habla de unas medidas de austeridad económica y al día siguiente su discurso es publicado como Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Muchas de las medidas “propuestas” violan la Constitución o las leyes. Por ejemplo: 1) reducción del 25% del salario de los “altos funcionarios públicos”; 2) suprimir los aguinaldos (que son un derecho laboral); 3) no gastar el 75% de los recursos destinados a servicios generales, materiales y suministros. Esas decisiones, al pasar por alto el marco jurídico vigente debilitan –al ya de por sí débil–
Estado de derecho y, al hacerlo, inevitablemente vulneran de manera directa o indirecta los derechos de las personas. Además, a estas decisiones se suman otras que no son ilegales, pero conllevan afectaciones directas a las condiciones de vida de grupos de personas vulnerables. Dos ejemplos son emblemáticos: g) La reducción presupuestal que comprometió la viabilidad de las estancias infantiles. Esta decisión no es ilegal, pero desinstitucionaliza una política de Estado para llevarla al terreno clientelar de las aportaciones económicas directas. h) La Circular interna para el gobierno federal mediante la que ordenó a las instituciones encargadas que no publicaran la convocatoria de asignación de recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia. Me limito a subrayar la lógica clientelar que está detrás de la política de asignación directa y señalo la descalificación general y sin argumentos a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas.
En conclusión: probablemente por su formación como politólogo, quizá por su talante populista, tal vez simplemente porque es un político profesional, al presidente le estorban el derecho, las instituciones que no controla y las organizaciones sociales autónomas a su gobierno.
Malas noticias para el Estado constitucional y democrático en México.