Le ponen cascabel a Banxico

La iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México propuesta por el senador Ricardo Monreal es, por decir lo menos, sagaz. Busca generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado de divisas en remesas y comercio en zonas turísticas, pero también agregarse recursos para fortalecer los programas sociales de la 4T.

Surge como una opción de solución al problema de la acumulación de dólares en efectivo en los bancos mexicanos, resultante de la aplicación de medidas restrictivas por parte del gobierno norteamericano desde 2012.

Y es que su implementación provocó que la banca estadounidense optara por salir del sistema de corresponsalías que le permitía hacer operaciones con dólares desde otros países.

Se quiere eliminar elementos que limitan el flujo de divisas, pues se reportan menos pesos por dólar canjeado, en comparación con los que se pueden recibir si se tuviera una banca más eficiente y menos restrictiva.

Algunos datos: 85% de los dólares que llegan a nuestro país se quedan literalmente “atrapados” en el sistema bancario mexicano sin poderse vender y afectando su valor.

Tan solo en 2019 México recibió dólares por un total de 93 mil 932.9 millones de dólares, de los que 36 mil 438.7 millones de dólares fueron por remesas, y 24 mil 573.2 millones por turismo.

Sin embargo, el porcentaje promedio anual de venta de esos dólares que ingresaron a México por remesas y turismo, a través de ventanilla bancaria, es de solo un 15%, según datos del mismo Banco de México.

Ello ilustra la magnitud del reto para encontrar un mecanismo que asegure esencialmente a migrantes y turistas que sus dólares serán comprados a un precio justo en un mercado legal y supervisado.

Los alcances de esta reforma que se discute en el Senado se leen con preocupación en la Junta de Gobierno del instituto que dirige Alejandro Díaz de León, de por sí ya inquieto con las señales que les envía la 4T.

La medida alentaría las finanzas nacionales, daría certeza y seguridad jurídica a millones de mexicanos y facilitaría el flujo, intercambio y circulación de dólares en efectivo en beneficio de quienes reciben remesas, alientan la actividad turística y el comercio.

FINALMENTE LA SEGUNDA

Sala de la Suprema Corte resolvió ayer el amparo en revisión de Sanborns, de Carlos Slim, en el que se discutió la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco, respecto de la prohibición de comercializar los llamados cigarros electrónicos. La Sala votó 4-1 un nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar. Básicamente, la Corte declaró que es constitucional la prohibición de los cigarros electrónicos o vapeadores, es decir, los dispositivos como el Juul, que suministran nicotina de manera electrónica a través de la vaporización de aceites o soluciones. La Corte indica que estos productos sí están efectivamente prohibidos por la Ley y que esa prohibición es proporcional y constitucional. En cambio, la Segunda Sala estableció que los productos llamados de tabaco calentado, también conocidos como Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, no están prohibidos por la ley. Estos productos son aquellos que sí están fabricados con hojas de tabaco, pero que no se fuman a través de la combustión, sino que se calientan a menores temperaturas permitiendo consumir nicotina. La Corte estableció que estos productos son diferentes pues sí contienen tabaco y que por ello no están prohibidos en el país. El ejemplo más notorio de estos productos es el IQOS de Philip Morris, que preside aquí Andrzej Dabrowski. Con este precedente, la Segunda Sala perfila una nueva solución a la problemática de cigarros electrónicos. Por cierto, la ministra Yasmín Esquivel votó en contra de los productos de tabaco calentado. En la mayoría estuvieron firmes los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán.

Andrzej Dabrowski ¿PERSECUCIÓN POLÍTICA O ?

Es la interrogante en torno al caso Raymundo Colins, ex secretario de Seguridad Publica y ex director del Instituto de Vivienda de la CDMX. A inicios del 2020 un juez determinó la prescripción del delito sobre el que se le acusó, con lo cual quedó

Raymundo Colins

sin efecto la orden de aprehensión y la emisión de la ficha roja para su búsqueda en más de 190 países. El expediente presentado ante el Tribunal Superior de Justicia declaró “improcedente” al prescribir la acción penal por “tardarse” casi tres años en presentar la denuncia. Al no dar resultado la primera pesquisa, se adjudicó a Collins el delito de enriquecimiento ilícito. Con lo anterior se logró una orden de cateo el 30 de octubre en Tequesquitengo, con lo que se incautó un inmueble y 41 autos clásicos. Por este hecho, el propietario del inmueble y los dueños de los autos confiscados reclaman a la fiscalía capitalina su devolución. Es decir, se equivocaron. En el segundo cateo se quiso adjudicar el predio al acusado, pero éste fue vendido hace 28 años. El 4 de noviembre se realizó un tercer cateo en un domicilio de la colonia Florida y tras un despliegue policiaco no ocurrió nada. Por haber fungido como secretario de Seguridad Pública, Collins tenía derecho a cuatro años de escolta, pero en octubre se ordenó por decreto quitarle la protección. ¿Persecución política?

MAÑANA ES EL DÍA “D”

para el Sistema de Transporte Colectivo. Y es que la dependencia que maneja Florencia Serranía deberá emitir el fallo de la que tal vez sea la licitación más importante del gobierno de la CDMX, que encabeza Claudia Sheinbaum. Se trata de la rehabilitación y modernización de la Línea 1 del Metro, la más antigua y estratégica para la movilidad de millones de usuarios. Ya le habíamos informado que llegaron a la etapa final dos consorcios. El liderado por la española CAF, que comanda Andrés Arizkorreta, y la china CRRC Zhuzhou Locomotive, que capitanea Zhou Qinghe. De acuerdo con el acta, la primera hizo una oferta económica de aproximadamente 44 mil millones de pesos y la segunda de 34 mil millones. El Metro esta manejando un presupuesto de unos 39 mil millones de pesos. Mañana las propuestas económicas se supone que se someterán a una puja en reversa. Parece que el negocio ya es de los chinos, lo que implicaría un riesgo para el gobierno por el veto que los demócratas históricamente han aplicado a los asiáticos. Recuerde que Barack Obama se opuso al Tren México-Querétaro.

Florencia Serranía

Alejandro Díaz de León