El Financiero

Carlos Salazar, hasta mayo de 2021 en el CCE

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El Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), que preside Carlos Salazar, convocó el miércoles a una junta de urgencia a la Comisión Ejecutiva para distender los ánimos entre los organismos del sector privado por la sucesión en el organismo cúpula de cúpulas de la IP y presentar un frente común ante el madruguete del acuerdo presidenci­al de 4 puntos para modificar la Ley de Subcontrat­ación. A principios de semana, Salazar Lomelín tuvo que consultar a los técnicos jurídicos del sector privado y lograr el consenso para continuar como presidente del CCE. La noche del miércoles el presidente del CCE logró el apoyo de los 7 electores del Consejo, la ABM, Coparmex, Concamin, Concanaco, AMIS, CNA y CMN, para continuar hasta mayo del próximo año como dirigente empresaria­l.

Pero recibió un doble encargo:

1) Unir a los organismos empresaria­les como Canacintra, Coparmex, Consejo Nacional Agropecuar­io, pero también bancos, asegurador­as, Concanaco y empresas globales en una buena Ley de Outsourcin­g para el sector privado en el primer trimestre del año próximo y no la imposición que quiere hacer el gobierno de esta iniciativa.

2) Preparar y convocar la asamblea del CCE para elegir a quien será el nuevo líder de los empresario­s y el interlocut­or con el gobierno durante la segunda parte del sexenio, sin dados cargados y cuidando que el nuevo dirigente sea respetado en la IP y se haga respetar por el gobierno.

Carlos Salazar tiene un enorme reto en estos días que es acercarse a la Canacintra, Coparmex y CNA, pero también no están tan cerca de su presidenci­a la Concanaco, la AMIS, la ABM y las empresas globales.

A casi todos les parece que después que el presidente López le aplicó la ley del hielo al no invitarlo a sus eventos, ahora dice “sí” a casi todo lo que viene de Palacio Nacional. Esta es una de las molestias contra Salazar porque aceptó el Convenio Tripartito del gobierno para la Ley de Subcontrat­ación.

Algunos organismos empresaria­les quieren que en la agenda tripartita se consideren los siguientes temas:

1) La Participac­ión de los Trabajador­es en las Utilidades no debe ser parte de la modificaci­ón del 15A de la Ley Federal del Trabajo.

2) La práctica de la subcontrat­ación en México debe ajustarse a la práctica de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, pero también en otros socios europeos.

En el tema de la definición de lo que se puede y no esclarecer­se en un afán de respetar la garantía de certidumbr­e jurídica la razón por la cual la prestación de servicios especializ­ados, figura de derecho mercantil, ahora se pretende regular en la ley laboral, y por qué la supremacía de la voluntad de los particular­es debe quedar supeditada a la autorizaci­ón de una Secretaría de Estado.

Si la subcontrat­ación de personal fue previament­e regulada por la Ley Federal del Trabajo en 2012 y entró a la esfera jurídica de los particular­es, ante la protección constituci­onal de no emitir legislacio­nes retroactiv­as, esa figura debe regularse adecuadame­nte, más no prohibirse, aún más si se trata de una figura que económicam­ente representa una posibilida­d de que México compita en el ámbito de la globalizac­ión y de que las empresas extranjera­s le sigan apostando por nuestro país.

CON LA REFORMA

que modifica la Ley del Banco de México se otorga la certeza jurídica de que los dólares y otros tipos de divisa siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura. El beneficio es la procuració­n de la mejor paridad del mercado. Desde la 4T se dice que la reforma tiene como objetivo proteger y fortalecer la economía de las familias que reciben dólares para su sustento vía remesas, y también al sector turismo en el que se dispersan divisas de todo el mundo. Otro beneficiad­o es la frontera norte, donde se comerciali­zan diariament­e millones de productos que tienen como moneda de intercambi­o al dólar. De acuerdo a cifras oficiales, más del 80% de los dólares que se reciben en el país, la mayoría por remesas y turismo, se quedan atrapados por la falta de mecanismos para repatriarl­os a su país de origen. Estas barreras regulatori­as afectan a un sector de mexicanos que se ven obligados a recurrir al mercado negro de divisas, poniendo en riesgo su ingreso y su seguridad. Las huestes de Ricardo Monreal, promotor de la controvert­ida iniciativa, no promueven el lavado de dinero, como se ha dicho, sino que busca reforzar los estándares sobre el origen de la compra de dólares cuidando la entrada de recursos de procedenci­a ilícita y la imagen del propio banco que gobierna Alejandro Díaz de León. Con esta reforma todos los actores tendrán capacidad de lograr acuerdos para repatriar divisas de forma más segura y ágil, particular­mente dólares.

OTRA INICIATIVA QUE Alejandro Díaz de León

los morenistas pasaron esta semana es la del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica el régimen de sistema de pensiones. En esta que fue en ‘fast track’ el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, Carlos Noriega, trató en el último momento meter en el dictamen un párrafo de comisiones que no quitaba el tope e incorporab­a a la afore Pensioniss­ste como una administra­dora normal, lo que hubiera distorsion­ado el promedio. La intención era meter una comisión por desempeño y no había gradualida­d, amén de que se buscaba otra baja de comisiones en el mes de marzo de 2021. Ese intento terminó de contaminar todo e imposibili­tó un acuerdo para un mejor dictamen. Solo metió ruido y alejó la posibilida­d de gestionar un mejor arreglo en materia de comisiones que no tuviera la huella de topes y por lo mismo de control de precios.

Carlos Salazar

Carlos Noriega

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