Diputados aprueban reformas del Senado al Poder Judicial
PAN y MC votan en contra y afirman que con esa ley “se busca acumular más poder”
Con 310 votos a favor, 99 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la iniciativa de reformas constitucionales para el funcionamiento y operación del Poder Judicial, propuestas por el Senado.
Sólo con los votos en contra de las bancadas del PAN y de MC, el dictamen quedó avalado y se envió a los Congresos estatales para su validación, por tratarse de cambios a la Constitución; deberá ser aprobado en al menos 17 entidades. Mientras que los que votaron a favor destacaron que las reformas garantizan la transparencia, modernización, eficiencia y democratización del Poder Judicial, panistas y emecistas las calificaron de una “reforma a modo” del propio Poder Judicial y del Presidente.
“El proyecto que se somete a consideración es el proyecto de un grupo compacto, pero no de la Suprema Corte en su conjunto y mucho menos del Poder Judicial. Esta reforma llega en el peor momento, en medio de la embestida autoritaria más grave de los últimos tiempos; vivimos una regresión donde el Ejecutivo hace lo que quiere y el Legislativo, controlado por su partido, levanta la mano para aprobar lo que le envía el Presidente sin leer de qué se trata el asunto”, reprochó la diputa del PAN, Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia. La diputada de MC Adriana Medina Ortiz expuso que su partido “no acompaña esta reforma, dado que trastoca el federalismo, secuestra al Poder Judicial y limita la facultad de revisión e impugnación de las decisiones que tome el consejo de la judicatura; porque se trata de una reforma que busca la acumulación del poder, al más puro estilo de la 4T y, fundamentalmente, porque no aporta herramientas reales de acceso a la justicia para los mexicanos”. La diputada de Morena Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la iniciativa garantiza la consolidación de una verdadera carrera judicial, a la que se accederá mediante concurso de oposición, y limita la discrecionalidad de nombramientos. También se busca –dijo– establecer políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura y el rerforzar el combate a la corrupción y al nepotismo.