El monopolio de la vacuna para sacar ventaja electoral
Mientras que en Canadá los médicos podrán aplicar la vacuna contra el Covid-19 en sus consultorios privados, en México el gobierno federal quiere abrogarse el monopolio y ser solo él quien la controle con una sola finalidad, sacar raja política a costa del dolor de los mexicanos. Nadie puede comprar la vacuna salvadora, solo el gobierno y utilizarla conforme a sus criterios e intereses, por lo tanto, tienen expresamente prohibido los hospitales privados y los gobernadores inmunizar a la población.
La estrategia de vacunación federal responde a la agenda política del presidente, quien busca centralizar la adquisición de vacunas con propósitos electorales. La inmunización universal requiere la suma de esfuerzos desde lo local para lograr resulmientras de lo contrario la pandemia seguirá sin controlarse y pasarán largos meses para lograr la inmunidad de rebaño ya con la aplicación de la vacuna.
Las compras consolidadas a las que se refiere López-Gatell para justificar la centralización de la adquisición de vacunas, han sido un fracaso en la presente administración, puesto que han generado retrasos en la entrega de todo tipo de medicamentos, mismos que han llevado a la muerte a pacientes en todo el país, incluyendo niños con cáncer.
La Ley General de Salud establece que las entidades federativas tienen facultades para adoptar medidas de seguridad sanitaria de manera autónoma. Los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen como facultad, realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de diversas enfermedades transmisibles.
Los gobernadores aliancistas, incluso están dispuestos a aportar recursos para la adquisición de la vacuna apegándose a las disposiciones que para el efecto determine la autoridad sanitaria correspondiente y sujetándose al control de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El plan de vacunación presentado por el gobierno federal no resuelve las necesidades de la población mexicana y carece de un enfoque regional que atienda las necesidades de cada estado, para que la vacuna llegue a todos los municipios a tiempo y de manera equitativa.
Para superar los retos logísticos de distribución, es indispensable la participación de los gobiernos locales.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) calificó de inadmisible e irresponsable que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, niegue a los 32 gobiernos estatales, realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra el coronavirus.
El también secretario de la Comisión de Salud dijo que “impedir que las entidades federativas puedan adquirir la vacuna contra Covid-19 es una más de las erráticas decisiones que está tomando el gobierno federal en el combate a la pandemia”. Sería un verdadero “atentado contra la salud, y poner en riesgo la vida de más mexicanos, pretender, en un ánimo electoral, que sea exclusivamente la Federación quien se encargue de adquirir y aplicar las vacunas. El presidente pretende asumirse como el salvador del país, cuando toda su gestión ocasionó una crisis humanitaria y más de 113 mil muertes”. Es incongruente que el gobierno federal, contrario a las disposiciones de la Ley General de Salud y la Constitución, niegue a las entidades federativas colaborar en el control de la pandemia y que también le mate esa posibilidad a los hospitales privados que han salvado innumerables vidas en los últimos meses. “Si el gobierno federal ha sido incapaz de abastecer las vacunas ordinarias, por ejemplo, para el sarampión, influenza o tuberculosis, difícilmente tendrá los resultados que espera la población en la vacuna contra Covid-19. Al menos que se utilicen los recursos, infraestructura y capacidad de planeación de los gobiernos locales, los cuales tienen más capacidad técnica y de gestión que la propia Federación”.