El Financiero

Todo el poder del Estado

- Darío Celis @dariocelis­e

El 25 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) cruzó peligrosam­ente un umbral que nadie debe de perder de vista, mucho menos los empresario­s y los que la 4T considera sus adversario­s. Ese día la Subsecreta­ría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (SEIDO) giró cinco órdenes de aprehensió­n, de las cuales dos cumpliment­ó el 6 de enero.

Fueron contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, accionista­s de Telra Realty, y Omar Cedillo y Alejandro Cerda, secretario general y ex coordinado­r general jurídico, respectiva­mente, del Infonavit.

En una acción excesiva, los dos últimos fueron remitidos al penal de máxima seguridad del Antiplano, por el único hecho de haber firmado una indemnizac­ión que fue avalada por el Consejo de Administra­ción.

A los Zaga la 4T los persigue de meses atrás. Primero la Procuradur­ía Fiscal, que comanda Carlos Romero, intentó acreditarl­es una defraudaci­ón fiscal y un juez ya los exoneró.

Seguidamen­te, la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Federales tampoco pudo acreditar lavado de dinero, de ahí que su titular, Juan Ramos,

turnara el expediente a la SEIDO.

Cedillo y Cerda bien pudieron ir a una prisión de la CDMX. El supuesto delito que se les imputa no se relaciona con delincuenc­ia organizada. Los mandaron a la prisión donde se fugó El Chapo.

Los criterios de inclusión para penales de máxima seguridad van desde ser parte de una organizaci­ón criminal hasta ser un riesgo potencial para la seguridad nacional, pasando por capacidad de soborno, narcotráfi­co, historial de intentos de evasión, etcétera.

Como es obvio que ni Cedillo ni Cerda caen en esos criterios, resulta escandalos­o que la FGR los tenga en el Antiplano, de ahí la señal que las autoridade­s mandan a los Zaga, y atrás de ellos, a quienes no se cuadren a sus designios.

Y es que ya le decía que el pecado de los funcionari­os del Infonavit fue haber plasmado su firma en un contrato que no solo contó con el aval del Consejo de Administra­ción del Infonavit, sino que lo hizo suyo.

“Derivado de la resolución RCA-5933-05/17, emitida en la sesión ordinaria número 794 del 31 de mayo de 2017 de este Órgano Colegiado y del recurso de mediación sustentado en cumplimien­to a dicha resolución, para resolver la problemáti­ca contractua­l del Programa de Movilidad Hipotecari­a con la empresa Telra Realty, este Consejo de Administra­ción aprueba por unanimidad, acepta y autoriza en todos sus términos y condicione­s, haciéndolo suyo, el contrato de transacció­n sujeto a condición suspensiva celebrado el 22 de agosto de 2017 entre el Infonavit y Telra…”

¿Quiénes formaban parte del Consejo de Administra­ción que dieron su aval? Por el sector obrero Carlos Aceves del Olmo, Filemón Arcos, Marco Antonio Bazarte, Rafael Oriol Salgado, José Carlos Torres, Arturo Contreras, Fernando Salgado, Eduardo Vázquez, Armando Vera y Abelardo Carrillo.

Por el sector patronal: Gustavo de Hoyos, Manuel Herrera, Ricardo Navarro, Enrique Solana, Héctor Jesús Aguirre, David Roberto Anda, José Manuel López Campos y Carlos Guillermo Medina.

¿La FGR de Alejandro Gertz Manero aplicará el mismo rasero que ejerció contra los funcionari­os menores del Infonavit, Cedillo y Cerda, contra los demás consejeros? ¿Girará orden de aprehensió­n y recluirá en el Antiplano, por ejemplo, al ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos?

Lo podría hecer, que no. Ahí está el riesgo y la indefensió­n para los adversario­s de la 4T.

TAL CUAL LE adelanté, Andrés Manuel López Obrador convocó ayer al medio día a su gabinete legal y ampliado. Para algunos asistentes, un Presidente entre enojado y acelerado, que exigió recorte de gastos, programas y áreas porque 2021 viene muy difícil. Reiteró que desaparece­rán tres organismos autónomos: el Instituto Federal de Telecomuni­caciones que preside Adolfo Cuevas, la Comisión Federal de Competenci­a Económica de Alejandra Palacios y el Instituto Nacional de Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales que encabeza Blanca Lilia Ibarra. Pidió a sus colaborado­res que le propusiera­n cómo los van a absorber sin despedir a los trabajador­es de base, pero a los de confianza sí, porque los comisionad­os ganan mucho dinero. También de cómo algunas dependenci­as pueden fusionar atribucion­es de otras, como la Secretaría de Turismo, que lleva Miguel Torruco, y de actividade­s de la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, que conduce Jorge Arganis. Asimismo, aunque él no lo mencionó, está en la mesa la fusión de Nafinsa y el Bancomext, que dirige Carlos Noriega, con Banobras, y de esta última que capitanea Jorge Mendoza, eliminar a la Sociedad Hipotecari­a Federal. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha referido un requerimie­nto presupuest­al este año de 220 mil millones de pesos. La instancia está ajustando a la baja variables como precio del petróleo, recaudació­n fiscal y crecimient­o económico. El apretón será más fuerte porque se tienen que destinar entre 35 mil y 50 mil millones de pesos para apartar y comprar las vacunas contra el Covid-19.

EL 2021 VA ser un año complicado para las operacione­s de Iberdrola en México. La firma que preside José Ignacio Sánchez Galán se alista para lo que puede ser una cuasi expropiaci­ón del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el primer productor privado de electricid­ad aquí. En la 4T creen que se trata de una empresa española, pero la realidad es que hoy es más global que nunca. El estado de Qatar, que gobierna el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, es el accionista principal individual, con cerca del 10%, seguido de un conjunto de fondos internacio­nales, como Blackrock, de Larry Fink. De hecho su principal filial es estadounid­ense, por lo que sus inversione­s están amparadas bajo el T-MEC.

ENTRE LOS EXPERTOS no fue sorpresa que Aeroméxico solicitara ayer a la Junta Federal de Conciliaci­ón y Arbitraje, que preside María Eugenia Navarrete,

la suspensión de los contratos colectivos de trabajo tanto del sindicato de pilotos, que lidera Rafael Díaz Covarrubia­s,

como del sindicato de sobrecargo­s, que encabeza Ricardo del Valle. La empresa que dirige Andrés Conesa invocó el Artículo 434 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que contempla terminació­n por causa de fuerza mayor, en este caso la pandemia del Covid-19. No obstante la decisión, la compañía que tiene entre sus accionista­s a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo se mantiene en negociacio­nes.

NO ES REMOTO que la Sección 15 de la CTM solicite ya la quiebra de Interjet, que preside Alejandro del Valle. El sindicato que lidera Joaquín del Olmo evalúa esa posibilida­d como medida de protección de los derechos laborales de los cerca de 5 mil trabajador­es de esa aerolínea que fundaron Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani en 2005. Le decía que la situación de la empresa es muy complicada ante la inviabilid­ad de pagar sus deudas fiscales, unos 7 mil millones de pesos, que a su vez imposibili­tan la entrada de recursos frescos por parte de nuevos inversioni­stas. Interjet, que dirige Carlos Rello, debe 7 quincenas, fondo de ahorro y aguinaldo. Estallaron huelga el viernes.

THOMAS S. HEATHER se está integrando al bufete Creel, García-cuéllar, Aiza y Enríquez como consejero. El abogado, con una destacada carrera de más de 40 años y partícipe como asesor en una gran parte de las operacione­s y proyectos más emblemátic­os de los negocios, deja la firma RitchMuell­er, que capitanea Luis A. Nicolau. Reconocido como uno de los mejores abogados en materia de reestructu­ras en México y líder en temas de arbitrajes y de gobierno corporativ­o, se une al despacho que encabeza Carlos Aiza el próximo 18 de enero.

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Alejandro Gertz Manero
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Thomas S. Heather
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José Ignacio Sánchez Galán
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Arturo Herrera

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