La disputa por la Nación
Hay quienes piensan que en el cuestionamiento a los órganos autónomos por parte del gobierno de López Obrador hay un mero afán de poder y de control.
A mi parecer, se trata de algo más que eso. Es la búsqueda del regreso a un modelo de Estado que estuvo vigente en México por muchas décadas.
La formación del Estado Mexicano se fue configurando entre el llamado “maximato” y el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, en 1934-40.
Tuvo como característica fundamental la concentración y centralización del poder político y de una parte importante del poder económico.
Al término de la Revolución Mexicana existía en el país una dispersión de poderes que configuró una constelación de caciques regionales. Fue hasta que Plutarco Elías Calles logró una coalición de esos poderes para convertirse en el caudillo que los representaba, que logró agruparlos en un partido, el PNR, que años después se convirtió finalmente en el PRI.
Sin embargo, su afán de mantener el poder en su persona fue insostenible y chocó con la construcción de las instituciones del nuevo Estado que emprendió Cárdenas, por lo que Elías Calles acabó desterrado. El Estado que se configuró durante el cardenismo estuvo basado en el respaldo de poderosas corporaciones sindicales, campesinas y militares.
El empresariado del país que en buena medida se desarrolló a partir de la década de los 40, fue subsidiario de dicho Estado.
Este modelo de control político y económico se mantuvo vigente en lo esencial hasta la década de los 80. Un factor determinante para la debacle de ese modelo de Estado fue su crisis fiscal, que se expresó en las tragedias económicas de 1976, 1982 y la secuencia de crisis durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
A partir de finales de los 80, y en un entorno internacional completamente diferente, el Estado Mexicano tuvo que redefinirse.
Fue el tiempo en que cayó el muro así como los esquemas de planificación central que caracterizaron a la Unión Soviética y sus países satélites.
En México, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), que entró en vigor en el último año del gobierno de Salinas, fue el símbolo más claro del cambio de las reglas del juego y de la decisión del gobierno mexicano de incorporarse a ellas. Pero no fue solo el TLCAN. La crisis fiscal experimentada impulsó la privatización, la desregulación y la apertura, redefiniendo el papel del Estado.
Junto con la crisis fiscal llegó la crisis política, expresada en las cuestionadas elecciones de 1988, uno de cuyos protagonistas centrales fue el hoy director de CFE. Es en ese contexto que nacen las dos primeras instituciones con autonomía constitucional.
En 1994 se constituye el Banco de México autónomo y en paralelo nace el Instituto Federal Electoral (IFE), que permitió volver a darle credibilidad y legitimidad a los resultados electorales.
Ese nuevo Estado ya no requería la concentración de todos los poderes y necesitaba delegar en entes autónomos atribuciones que permitían el funcionamiento del país acorde a las reglas del juego prevalencientes en el mundo.
Fue una decisión de la sociedad mexicana que sucedió en paralelo con la alternancia del poder presidencial y el arranque del juego demócratico real.
Estas nuevas reglas del juego permitieron el triunfo de la izquierda en las elecciones del DF en 1997 y en el año 2000, la llegada de AMLO a la Jefatura de Gobierno de la capital.
No es extraño en la historia. En diversas ocasiones, las fuerzas políticas que alcanzan el poder cuestionan las reglas que les permitieron llegar a él.
El debate en torno a las instituciones autónomas hoy es un asunto de definición. Se trata de dilucidar qué Estado es el que va a prevalecer en México en los siguientes años y quizás en las siguientes décadas. Como hace 40 años plantearon Carlos Tello y Rolando Cordera en un libro, en otro contexto y con otros protagonistas, lo que hoy vivimos es una disputa por la Nación. Ni más ni menos.