La hora de la banca de desarrollo
HÉCTOR SULAIMÁN SIEMPRE presumió su cercanía con el ex director de Pemex, Emilio
Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, así como con su cadenero y mano derecha, Froylan
Gracia Galicia, a quien todavía hasta hace poco se le veía muy quitado de la pena por los rumbos de Polanco. Gracias a esas relaciones Sulaimán consiguió hacerse de muchos negocios en el sexenio pasado que lo llevó a consolidarse como uno de los proveedores consentidos de Enrique Peña Nieto. Esa misma suerte para generar negocios la quiso repetir en la 4T, pero se estrelló con pared. Operó para que Raspican Systems continuara dando el servicio de sistema de revisión no intrusiva que operaba en las 20 aduanas del país, contrato que venció en junio pasado. Fue frenado por Horacio Duarte, el nuevo administrador de las Aduanas. La baja penalización económica que tenían las millonarias ganancias y su poca eficiencia para detener, por ejemplo, el tráfico de armas fueron los motivos. A partir de ese momento el SAT, de Raquel Buenrostro, le cerró el paso a Sulaimán, quien también preside la Fundación Scholas de México, iniciativa impulsada por el Papa Francisco. No había vuelta de hoja: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó directamente a Raspican para revisar el contrato y todas las anomalías, pues habría indicios de que desconectaron los sistemas meses y meses para vulnerar la importación y exportación de mercancías sensibles.
LA SECRETARÍA DE Hacienda alista una segunda subasta para levantar más recursos de la banca comercial a fin de apoyar al Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas. En agosto se realizó la primera en la que el gobierno obtuvo 80 mil millones de pesos pagando una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de más 2.5 ponderada durante 5 años. Entraron 13 bancos. Inbursa de Carlos Slim aportó 20 mil millones de pesos, BBVA de Eduardo Osuna 15 mil millones y Banco del Bajío de Salvador Oñate 5 mil millones. Banobras de Jorge Mendoza metió 25 mil millones. También se subieron Santander, Banorte, Banco Azteca, Multiva, HSBC, Intercam, Bx+, Monex y Afirme.
LE HABLABA LA semana pasada del banderazo para designar al nuevo líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. El proceso lo lleva la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Se estima que votarán alrededor de 100 mil de los cerca de 120 mil agremiados. Se supone que para finales de febrero ya debería haber señales. Tres son los candidatos visibles. La senadora de
Campeche por
Morena, Cecilia Sánchez, amén del líder del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Eliel Flores, y el dirigente de la naciente Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros, Miguel Arturo Torres. Había un cuarto, pero murió en diciembre. Hablamos de Mario Ross García, ex líder de la Sección 44.
AYER LE REFERÍA a Iberdrola y el año difícil que se le viene en México por el enfrentamiento con la 4T. Otra multinacional encajada en el sector energético y que igual ya empezó a mover su batería legal es la brasileña Braskem, que preside Roberto Simoes. Su proyecto Etileno XXI quedó prácticamente a la deriva tras de que el último día de noviembre el Centro Nacional de Gas, que dirige Elvira Daniel, le cortara el suministro de gas. Se venció el contrato y fue decisión de Andrés Manuel López Obrador cancelarlo. Braskem y su socio mexicano IDESA, que preside Guillermo Gutiérrez, ya iniciaron las primeras acciones legales.
EN EFECTO, ES consigna ya de la Fiscalía General de la República turnar los expedientes directamente a los jueces de Almoloya o de prisiones de máxima seguridad, cuando debieran caer en otro tipo de juzgados federales. El juez que llevó las audiencias de los ex funcionarios del Infonavit que le platiqué ayer, Omar Cedillo y Alejandro Cerda, es el mismo que giró las órdenes de aprehensión contra los ex directivos de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, Ángel Junquera y Víctor Garcés. Hablamos de Iván Zeferín Hernández. En automático los casos con un alto impacto político son tratados como delincuencia organizada.
SOBRE ESTE MISMO expediente, la Procuraduría Fiscal, que capitanea Carlos Romero, ya turnó a la Fiscalía General de la República los expedientes de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de Telra Realty. La Subprocuraduría Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, que lleva Juan Ramos, solo espera una fecha de audiencia de imputación de un juez. El gobierno busca recuperar cerca de tres mil millones de pesos de cinco mil millones que el Infonavit les pagó por concepto de indemnización por la cancelación del Programa de Movilidad Hipotecaria, contrato que echó abajo el entonces director del Infonavit, David Penchyna.