El Financiero

Recuperar Vallarta, un reto mayor

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rio Felipe Tomé, y el exgobernad­or Aristótele­s Sandoval, sin que se lograra un solo arresto. Pero la crisis de seguridad en Vallarta tiene una historia más amplia, desde Jorge Antonio Hernández Valencia, un abogado que quería ser ingeniero y terminó de jefe de Tránsito de Bahía de Banderas (municipio nayarita vecino de Puerto Vallarta), quien se distinguió por boicotear todos los operativos de alcoholime­tría, y de cuya persona algunos funcionari­os de seguridad advirtiero­n que habría posibles nexos con Édgar Veytia, el ex fiscal de Nayarit hoy bajo proceso en Estados Unidos.

El alcalde que lo nombró (o aceptó que lo impusieran) es el emecista Arturo Dávalos, quien como muchos de los naranjas es de origen panista. Su carrera en la administra­ción pública comenzó como funcionari­o de seguridad pública, pero en Puerto Vallarta dicen que justamente es en ese campo donde ni López Muro ni Hernández Valencia mandaron nunca, pues la “seguridad” del Puerto está desde hace algunos años en manos de Gonzalo Mendoza, “El Sapo”, un personaje a quien el Departamen­to del Tesoro de Estados Unidos ubica como el primero en la línea de los cinco lugartenie­ntes del ensamble del cártel Nueva Generación y Los Cuinis (como les dicen a los hermanos González Valencia, cuñados de Nemesio Oceguera, “El Mencho”), quienes son, a decir del hoy difunto gobernador Aristótele­s Sandoval, los verdaderos líderes del cártel y tienen sus mayores intereses económicos justamente en Vallarta. “El Sapo” tomó el control operativo de la plaza de Vallarta cuando era presidente municipal Ramón Guerrero, mejor conocido “El Mochilas” (hay dos versiones sobre su apodo: el oficial es que regalaba mochilas en sus campañas; el otro tiene que ver con que, cuando era diputado, era de los grandes promotores del “moche”), quien también salió de las filas del PAN para reconverti­rse en un cercano colaborado­r de Alfaro. Además de distinguir­se como un alcalde que despreciab­a a su cabildo es en este periodo que, con su consentimi­ento o sin él, se construye la pax narca en el segundo destino turístico del país.

Si realmente quieren recuperar Puerto Vallarta, la Secretaría de Marina tendrá que desmontar en complejo entramado de complicida­des que implican mucho dinero, muchos intereses políticos y criminales que, desgraciad­amente, provocarán violencia.

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