Juramento

Prometer es declarar una intención específica; asegurar a otros que voy a hacer algo en el futuro. Un juramento es una promesa formal, que se hace de acuerdo a un ritual y frente a testigos. En Gran Bretaña los reyes, al ser coronados, juraban ser gobernantes justos y proteger a sus súbditos. Algunos lo hacían, por conciencia o por conveniencia, pero no había forma de obligarlos, ni un parámetro objetivo de cumplimiento.

Los padres fundadores de la nación americana rechazaron las prácticas legales del sistema británico y decidieron que, para afirmar la supremacía de la ley, los funcionarios públicos, al tomar su cargo, juraban lealtad no al monarca, sino a la Constitución. De esa forma, quedaba claro lo que se esperaba de ellos y se aseguraba la rendición de cuentas. En el caso del presidente la fórmula obligada es: “Juro solemnemente ejercer fielmente el puesto de presidente de Estados Unidos y hacer todo lo posible para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”.

Como sabemos, muchos presidentes se han conducido dentro de los cauces legales, haciendo honor a su palabra, pero algunos han fallado lastimosamente.

En parte ello se debe a que el texto aprobado en 1787 es abstracto y escueto. Apenas tiene 7 mil 500 palabras (la de México tiene 60 mil). Aunque instituye tres poderes, no establece su organización y sus facultades. Por ejemplo, no define la manera de elegir a los congresistas, la forma de tomar las votaciones o el alcance de la supervisión sobre el Ejecutivo. Tampoco prevé la forma de estructurar a éste ni determina cuántos miembros ha de tener la Suprema Corte. Lo mismo sucede con las relaciones federales. Lo único que enuncia es que “los poderes no específicamente delegados al gobierno federal están reservados a los estados (décima enmienda)”.

Para suplir esas carencias, se ha elaborado mucha legislación secundaria, llena de contradicciones, confusa y sujeta a continuos litigios. Pero comúnmente, los asuntos públicos se rigen de acuerdo a convenciones y costumbres. Normas blandas, no codificadas, que son una invitación al abuso. Las aceptan por respeto a la sabiduría de las generaciones anteriores y consideran ingenuamente que los gobernantes “actuarán de acuerdo a nuestros valores y no sólo de acuerdo a sus poderes”.

Para colmo es extremadamente difícil reformar esa Constitución. Sólo se le han hecho 27 añadidos en 233 años (la nuestra la hemos cambiado más de 500 veces en 104 años).

TERRIBLE DONALD

En los cuatro años anteriores hemos constatado la fragilidad del orden constitucional estadounidense. El presidente Trump aceptó regalos y favores de mandatarios extranjeros; incurrió en nepotismo y conflictos de interés; mintió continuamente y calumnió a sus adversarios; interfirió en investigaciones judiciales e incitó a la violencia. Utilizó fondos del Departamento de Defensa para construir el muro fronterizo. Evadió el proceso de confirmación de nombramientos mediante designaciones temporales. Presionó a los gobernadores a reabrir la actividad económica, alegando poderes de excepción. No obstante, fracasaron dos intentos de destituirlo. Ni siquiera pudieron obligarlo a cumplir con una larga tradición: publicar su declaración de impuestos.

Lo grave del asunto es que quienes le precedieron en la Casa Blanca hicieron, sin tanto escándalo, más o menos lo mismo. Pocos han estado exentos de financiamientos ocultos en las campañas o de tráfico de influencias. Los frenos y contrapesos entre poderes hace mucho tiempo que se aflojaron. Presidentes republicanos o demócratas abusaron de las declaraciones de emergencia y las órdenes ejecutivas; redirigieron los presupuestos a su gusto y se las arreglaron para tener funcionarios no ratificados. Restringieron apoyos a estados gobernados por la oposición. Más grave, han llevado tropas a pelear a otros países sin aprobación del Congreso.

Para evitar otro Trump se requiere adicionar nuevas enmiendas a la Constitución, que conviertan en ley lo que ha sido costumbre y que le den dientes al Congreso y a las cortes para moderar a los presidentes. Que establezcan claramente los requisitos de elegibilidad, delimiten sus atribuciones y les prohíban dar perdones a sus allegados. Que el procurador y la Oficina de Ética Gubernamental respondan ante el Congreso. Cuando le preguntaron a Benjamin Franklin qué tipo de gobierno instauraría la convención constitucional, respondió: “Una república, si podemos conservarla”. Sólo con una Constitución actualizada, que evite la concentración de poder y permita castigar al que no la obedezca, se preservará esa república.