Hay presupuesto, pero no voluntad para salvar vidas
Sabrá alguien a ciencia cierta, cuál es el estatus real de las vacunas de Covid-19 en el país. Entre las versiones del presidente de México; el subsecretario, Hugo López-gatell; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el canciller Marcelo Ebrard y los directores del IMSS e ISSSTE, hay serias contradicciones que solo hacen ver la enorme descoordinación que existe entre ellos y esto solo es en cuanto a declaraciones, no quiero ver en lo que se refiere a la información relativa a quienes han vacunado y la razón del por qué no se han inoculado a todo el personal de salud del sector público y sí a otras personas cuyo único “mérito” es ser pariente de alguien del gobierno de la mal llamada 4T. Es imposible obtener datos sobre cuántas vacunas se han comprado y cuántas en realidad han llegado, así como su costo; y eso que todavía existe el INAI, si no este país estaría, o ya está, en los peores tiempos de opacidad y corrupción de la historia moderna de México. Un derecho inalienable como es el acceso a la información pública, lo quiere cercenar Andrés Manuel López Obrador no solo con el capricho de eliminar al INAI, sino con la política que han llevado a cabo en esta administración relativa a reservar la información solicitada de cualquier tema que cause escozor al jefe del Ejecutivo federal.
No hay confianza en el gobierno de que lleve a feliz puerto la gigantesca tarea de vacunar a la brevedad posible a todos los mexicanos, por ello, desde diversos frentes cada vez se escuchan más voces que reclaman que se permita al sector médico privado, así como a los gobernadores y a la sociedad en su conjunto, coadyuvar en esta tarea que de suyo es relevante, toda vez que está en juego la vida de cientos de miles de personas. El tiempo pasa, los muertos van en aumento y las vacunas escasean y el presidente solo atina a dar promesas, falsas expectativas y falacias que no resisten el contraste con la realidad. Exigimos que nos vacunen a todos los mexicanos porque tenemos el derecho a ello y el gobierno la obligación de hacerlo, ya que además de contar con los recursos presupuestales suficientes, se tiene la protección de la Carta Magna que expresamente señala que deben respetarse los derechos fundamentales del hombre, empezando por la vida misma.
Los ingresos que percibe el Estado garantizan que se compren vacunas para todos los mexicanos, solo que un solo hombre, el presidente, no quiere destinar ese dinero para ese fin, en virtud de que se utiliza para fondear los programas político-asistenciales, además de las tres obras insignia de su gobierno: Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, construcciones que, a la postre, no servirán ni siquiera para paliar la conectividad aérea de la capital del país, ni la viabilidad energética y mucho menos abatir el enorme rezago social y económico del sureste.
Hay dinero para las vacunas, pero se prefiere gastar en apoyar al beisbol o en fortalecer las brigadas de adoctrinamiento político denominadas los Siervos, o vividores de la Nación.
Hay presupuesto, pero no hay voluntad política para salvar vidas.
Habrá que recordar que el dinero es de los contribuyentes, no de una persona. Decíamos que no hay confianza en el gobierno y menos en un tema tan sensible como es la inoculación de, por lo menos, el 70 por ciento de la población, por ello, se ha propuesto desde el Congreso, crear un grupo de diputados de todas las fracciones políticas representadas en ambas cámaras, para que acompañen al Ejecutivo en esa tarea de supervisión y vigilancia de todo el proceso de vacunación. El diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) planteó integrar una comisión de diputadas y diputados que vigile el esquema de vacunación contra la Covid-19 en el país, tras la renuncia de la doctora Miriam Esther Veras Godoy, responsable del plan de vacunación al mando de la Secretaría de Salud.