El Financiero

Son cartas invitación, ‘as bajo la manga’ del SAT

- Zenyazen FLORES zflores@elfinancie­ro.com.mx

Las cartas invitación que envía el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) a los contribuye­ntes para que corrijan su situación fiscal, pasarán de tener un carácter persuasivo a ser el inicio de un acto de fiscalizac­ión, por lo que se convierten en ‘el as bajo la manga’ del fisco para presionar a los pagadores de impuestos durante 2021. Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Thompson & Knight, señaló que en 2021 las cartas invitación toman un carácter formal ante la eficacia que han mostrado en años pasados, lo que está en línea con la tendencia del SAT de apostarle a la automatiza­ción y fiscalizac­ión focalizada a través de sus bases de datos en las que detecta comportami­entos atípicos. “La importanci­a de las cartas invitación es que pueden llevar a una restricció­n de sellos digitales u otros supuestos de cancelació­n de sello, eso parece algo secundario, pero el SAT es un ‘tiburón con muchos dientes’ porque una cancelació­n de sellos ya no permite al contribuye­nte facturar y eso lo colocaría en una posición de alto riesgo”, sostuvo. Catalina Mandujano, abogada de la firma, indicó que las cartas invitación antes de 2021 no estaban reguladas en ninguna norma, pero a partir de este año ya están incluidas en el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. “Una nueva facultad es la asistencia y difusión digital que es una nueva facultad para las autoridade­s fiscales y que es enviar propuestas de pago o declaracio­nes prellenada­s para promover el cumplimien­to o para informar de inconsiste­ncias detectadas, esto básicament­e lo que está haciendo es formalizar la práctica de las cartas invitación que normalment­e eran el preámbulo para una cancelació­n de los sellos digitales”, expuso. Miguel Rosas, abogado del despacho, apuntó que con las cartas invitación la autoridad buscará “simplement­e” una diferencia entre lo declarado y lo que el SAT tenga conforme los CFDI.

Recaudó 496,217 millones de pesos durante 2020 por actos de eficiencia recaudator­ia y cobranza sin necesidad de judicializ­ación.

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