Una vacuna para estadistas
El volumen de dosis de la vacuna del Covid-19 que se han recibido y aplicado hasta ahora está lejos de la expectativa y mucho más de la necesidad. A este paso, la inmunización de toda la población podría llevar literalmente décadas. Es más probable un escenario de inmunidad de rebaño por contagio espontáneo, que la estabilización de la propagación de la enfermedad mediante la aplicación de la vacuna. De ser así, el costo humanitario será brutal. Si la tasa de letalidad sigue comportándose en la proporción de nueve fallecimientos por cada 100 contagios como ha calculado la Universidad Johns Hopkins, podríamos lamentar en millones las muertes derivadas de la pandemia. Una tragedia humana sin precedentes. El desabasto de la vacuna combinado con una mala estrategia de aplicación introduce, además, el riesgo de que las pocas dosis disponibles se asignen bajo racionalidades distintas a los imperativos de la salud pública y de los derechos humanos. Cuando el mecanismo de asignación es manipulable, la escasez deriva en equilibrios injustos. Por ejemplo, priorizar a los Siervos de la Nación frente a los adultos mayores, posponer la segunda dosis a médicos y enfermeras de la primera línea de atención Covid o distraer una reserva de vacunas a colectivos políticamente movilizados, como el reciente caso de los maestros en Campeche. Si bien la inmunización es un bien público que no se debe trasladar a las leyes del mercado, tampoco debe quedar a expensas de la ocurrencia, la improvisación o la discrecionalidad del Estado.
El gobierno ha decidido monopolizar la vacuna en un cálculo poco realista de las condiciones del mercado y de las necesidades logísticas. La magnitud de la oferta mundial tiende a ser sustancialmente menor que la intensidad de la demanda, sobre todo tratándose de un bien en fase experimental con pocos o nulos sustitutos. Era previsible pues que se alteren los calendarios de proveeduría, como también es posible la volatilidad del precio, la aparición de una nueva cepa resistente a la inmunización o una nueva sustancia más eficiente. Para apropiarse de la condición de único benefactor en el contexto de la elección del 2021, el gobierno cerró intencionalmente la ventanilla regulatoria para habilitar a terceros a adquirir la vacuna, despreció los instrumentos técnicos y administrativos del Estado en materia de vacunación y marginó a los sistemas de salud locales de la estrategia nacional. En una suerte de velada corrección, ha levantado demasiado tarde el veto a la concurrencia del sector privado y público: por más que existen actores interesados en comprar el producto, su disponibilidad no será inmediata, por la sencilla razón de que la producción futura está comprometida para un buen tramo de este año. La carrera por la vacuna empezó meses atrás, de modo que es ingenuo pensar que de la noche a la mañana se puede compensar el tiempo perdido en errores o vacilaciones.
México tendrá pocas vacunas y muchos incentivos para pervertir su aplicación. Bajo este escenario, el gobierno tiene dos opciones: apostar por rentabilizar política y electoralmente la vacuna, con el costo en vidas humanas, o bien, corregir con autocrítica la estrategia y convocar a la sociedad a enfrentar con visión de Estado la pandemia. La primera podrá reportarle votos y una mayoría en el Congreso, pero un legado de muertes evitables, si y sólo si el Presidente y su partido logran evadirse de la responsabilidad de la gestión de la crisis, lo cual parece poco probable. La segunda implica la difícil disposición anímica de desandar de los pasos propios y de conceder razón a quienes han alertado de las fallas en la conducción de la repuesta estatal ante el virus. La primera es el reflejo automático del ambicioso. La segunda la reflexión serena del estadista.