Ahora: una reforma electoral regresiva
El pasado 28 de abril, justo el último día de sesiones del más reciente periodo legislativo ordinario del Congreso, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral. Resulta muy difícil explicar la razón que motivó a AMLO a hacer esta propuesta. A sabiendas de que necesita que poco más de medio centenar de diputados de la oposición la apruebe, pues requiere mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras, que no tienen Morena y sus aliados, consciente como el Ejecutivo debe estar de que su proyecto no contiene incentivo alguno que atraiga votos de legisladores de la oposición, es por lo pronto un enigma saber a qué obedece la presentación de tal iniciativa por parte de López Obrador. Pero algún objetivo persigue, sin duda.
El texto de la iniciativa indica, ciertamente, cuál es el pretendido propósito de ésta. Pero también, por supuesto, nadie con un mínimo de sentido común lo cree. De hecho la Exposición de Motivos inicia apuntándolo, de la manera siguiente:
“La presente iniciativa tiene por objeto –dice– adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Específicamente, se busca –agrega– ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos…”.
El texto no precisa cuáles son exactamente esas supuestas “transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos (tres y medio) años”. Y mucho menos, en caso de haberlas, que esas “transformaciones políticas” hayan sido de signo verdaderamente positivo. Lo que el ciudadano común sigue observando y padeciendo es corrupción en todos los ámbitos oficiales, la impunidad de siempre, inseguridad creciente, violencia generalizada, pobreza cada vez mayor, inflación galopante, un sistema de salud cada vez más precario, estancamiento económico, desabasto confeso de medicamentos y un larguísimo etcétera, que termina con el paladino reconocimiento presidencial de que el Estado está para cuidar a las bandas de delincuentes. ¡Increíble!
A la luz de tales “transformaciones”, la exposición de motivos no explica por qué y en qué medida se ha vuelto disfuncional el “sistema electoral mexicano” de manera tal que amerite “adecuaciones”. Claramente se ve, como en tantas otras iniciativas de esta naturaleza, que el proyecto de reformas a la Constitución propuesto por López Obrador en materia tan importante como es la electoral, no sólo abunda en palabrería, lugares comunes e insufrible demagogia, sino que además supone que resulta fácil tomar el pelo a todos cuantos lean la iniciativa presidencial de marras. El mismo primer párrafo de la Exposición de Motivos dice más adelante que la iniciativa “busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos”. Falso que las reformas que se plantean, en el remotísimo caso de que llegaren a ser aprobadas, vayan a tener tal efecto, como trataré de demostrar en otro artículo.
Dice también que el objeto de la iniciativa es “fortalecer a los órganos administrativos y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales”. Quienes tengan conocimientos de la legislación electoral mexicana y estén familiarizados con la evolución que ésta ha registrado en el último medio siglo, evolución que no ha sido fácil y es el resultado del tenaz esfuerzo de dos generaciones de mexicanos, podrán advertir que en realidad se trata precisamente de lo contrario. Es decir, el regreso a los viejos tiempos en que los órganos electorales estaban sometidos al control gubernamental y el sistema diseñado para que el partido del gobierno ganara siempre todas las elecciones. Bien se puede sintetizar su objeto así: Acabar con el INE.