Revés del PJF a FGR: exoneran a los abogados ligados a Scherer
La fiscalía de Alejandro Gertz los había acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y extorsión
La CNDH investigará si la Fiscalía General violó algún derecho de los acusados
El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la no vinculación a proceso de los abogados cercanos a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia. Los abogados Juan Araujo Riva Palacio, Omar González e Isaac Pérez, y el asesor financiero David Gómez habían sido acusados de delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero y extorsión. Sin embargo, después de una audiencia que duró más de 20 horas, el juez determinó que no serán vinculados a proceso, y sobreseyó el caso. Delgadillo Padierna aseguró que este caso fue rechazado por falta de pruebas, y consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, realizó imputaciones de manera ilícita.
El juzgador señaló que la dependencia ocultó pruebas y agregó que hubo deficiencias en la investigación, por lo que dio vista de este caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue si la FGR violó algún derecho de los acusados.
El juez también pidió que se investigue si Juan Collado, exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto, pudo haber cometido algún delito al haber hecho estas acusaciones para apegarse a un criterio de oportunidad.
Dentro de los argumentos del juez, recordó que Collado es acusado de delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos, por lo que consideró que la FGR no lo puede investigar y, al mismo tiempo, defenderlo en este caso. Durante la audiencia, que empezó a las 11:20 del pasado miércoles y se resolvió hasta ayer por la mañana, la FGR buscó imputar a los abogados, al argumentar que habían actuado de manera ilegal bajo el cobijo de Julio Scherer Ibarra. Sin embargo, el juez dictaminó que la fiscalía los acusó de casos de corrupción que no existieron, y exoneró a los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia. Esta fue la cuarta vez desde enero de 2021 que la FGR buscaba imputar a los acusados, ya que en diferentes ocasiones los litigantes no habían asistido a la audiencia por diferentes motivos.
Los abogados Juan Araujo, Omar González e Isaac Pérez, junto con
“Este es el derrumbe de una más de las venganzas del fiscal general de la República”
ALEJANDRO ROMERO Abogado de Omar González
“Se imputó ilícitamente a Julio Scherer a través de la imputación de otros”
FELIPE DE JESÚS DELGADILLO Juez
el asesor financiero David Gómez, fueron señalados por Juan Collado de haberlo forzado a vender la empresa de Caja Libertad. Collado señaló al grupo de abogados por presunto delito de extorsión, ya que declaró ante la fiscalía que le ofrecieron salir de la cárcel a cambio de que entregara sus acciones de la compañía.
El exabogado del expresidente Peña Nieto se encuentra detenido en el Reclusorio Norte desde 2019. Este es el segundo revés que da el Poder Judicial de la Federación en contra de la FGR, al considerar que no está bien armado un caso. El primero fue el caso de Alejandra Cuevas Morán, quien fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla, después de que la Corte le otorgara un amparo el 28 de marzo. Cuevas Morán fue acusada de haber sido cómplice de la muerte de
Federico Gertz, hermano del fiscal, ya que el titular de la FGR la responsabilizó de una supuesta omisión en los cuidados de su hermano mientras éste estaba enfermo. Dentro de su sentencia, la Corte consideró que Cuevas Morán fue llevada presa, acusada de haber sido “garante accesoria” durante la defunción, figura que es inexistente en el Código Penal de la Ciudad de México.
En aquella ocasión, el ministro Juan Luis González Alcántara también pidió que se reconociera que sus garantías individuales se vieron violentadas al haber sufrido una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado. González Alcántara propuso a los ministros que se reconozca “su carácter de víctima de violación de derechos humanos a efecto de que le sea posible acceder a los mecanismos de reparación integral que establece la ley”.