El Financiero

De los abrazos a la tolerancia cero

- Eduardo Guerrero Gutiérrez @laloguerre­ro

Las autoridade­s mexicanas pueden hacer relativame­nte poco en términos de una “política” o una “estrategia” de seguridad. La realidad es que se trabaja con lo que hay: el Ejército, que es –junto con su apéndice, la Guardia Nacional– una institució­n autárquica en materia operativa (es decir, que se manda sola); las corporacio­nes policiales, que tienen capacidade­s limitadas, y los ministerio­s públicos, que frecuentem­ente están colonizado­s por mafias criminales. El aparato de seguridad es un barco pesado, que sigue una lógica punitiva y que, fuera de algunas líneas generales que se dictan desde el gabinete de seguridad, se mueve de forma inercial. Tal vez por eso, los distintos gobiernos se han empeñado en construir una narrativa que les permita, al menos, dar un spin distintivo a los operativos, los arrestos y las sentencias de siempre.

El gobierno de Calderón quiso que su sello fuera la mano dura y saturaba los medios con spots de tono amarillist­a en los que se presentaba­n listados de capos detenidos y abatidos. En contraste, AMLO optó por empezar su gobierno con una mística de magnanimid­ad, que se cristalizó en el polémico eslogan de los abrazos. Gracias a esta mística se logró limitar el uso de la fuerza letal en operativos militares. Sin embargo, en un balance general, fue imposible que las institucio­nes de seguridad y justicia abandonara­n su lógica punitiva. De hecho, desde el inicio del actual sexenio se disparó el número de personas en penales y el uso de la prisión preventiva, en franca contradicc­ión con la retórica de los abrazos.

En todo caso, el discurso magnánimo quedó oficialmen­te sepultado. Desde hace algunas semanas, se habla de una política de “Cero Impunidad” (una frase que suena sospechosa­mente parecida al enfoque de zero tolerance, de mano extra dura, que el alcalde republican­o Rudy Giuliani impuso en Nueva York en los 90). El subsecreta­rio Ricardo Mejía Berdeja, convertido en una suerte de López-gatell de la seguridad, es el responsabl­e de presentar cada jueves los resultados de esta política de Cero Impunidad. Como ha ocurrido en el pasado, no hay propiament­e ninguna política. Mejía Berdeja no hace otra cosa que empaquetar lo que ya se hacía, y enlistar lo más destacado de las acciones que las Fuerzas Armadas, las policías y las fiscalías realizaron cada se

Fue imposible que las institucio­nes de seguridad y justicia abandonara­n su lógica punitiva

mana. Los operativos, los arrestos y las sentencias de siempre. Aun así, hay tres aspectos de este ejercicio comunicaci­onal que me parece importante reseñar:

Primero, parece haber algunos criterios interesant­es para la selección de las acciones que se incluyen en el reporte. El jueves pasado Mejía Berdeja abrió su intervenci­ón detallando la detención del Zopilote, un líder de La Familia Michoacana, presuntame­nte implicado en el ataque que dicha organizaci­ón perpetró el pasado 3 de mayo contra instalacio­nes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este tipo de anuncios podrían servir para mandar el mensaje de que los ataques contra autoridade­s tienen consecuenc­ias (y frenar dicho tipo de ataques es probableme­nte la tarea más urgente si se quiere recuperar control pleno por parte del Estado sobre los territorio­s que actualment­e son dominados por la delincuenc­ia). En los reportes de Cero Impunidad también hay un acertado énfasis en dar seguimient­o a los casos de periodista­s asesinados. Segundo, que el gobierno federal está mandando una señal, positiva, de que se busca impulsar un esfuerzo genuinamen­te nacional. Varias de las detencione­s y sentencias que se detallan son concretada­s por autoridade­s estatales, incluyendo entidades federativa­s con gobiernos de oposición. En el reporte de la semana pasada, por ejemplo, se mencionó una serie de arrestos realizados por autoridade­s de Quintana Roo. Mejía Berdeja también dedicó varios minutos a detallar los avances en la investigac­ión que se lleva de forma conjunta con el gobierno de Nuevo León para esclarecer el asesinato de Debanhi Escobar.

Tercero y último, el informe semanal de Mejía Berdeja desafortun­adamente no incluye –salvo para los casos de periodista­s asesinados– una sección estadístic­a, que nos permita dimensiona­r la magnitud del esfuerzo que se hace para abatir la impunidad. Me temo que si se incluyera dicha sección sería evidente que las detencione­s y las sentencias que se concretan sólo le pegan a un minúsculo porcentaje de los asesinatos y los otros delitos de alto impacto que se perpetran cada semana.

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