Transparencia en contratos de vacunas genera confianza ciudadana
La transparencia es la mejor herramienta para el combate a la corrupción; particularmente, si nos referimos a compras públicas. Las razones son simples y podemos sintetizarlas en dos líneas: por una parte, permite a la población saber si las autoridades dan buen uso a los recursos públicos y, por otro lado, facilita la rendición de cuentas, un tema indispensable para fortalecer la confianza en las instituciones. En situaciones de emergencia, como la ocasionada por la Covid-19, cobra mayor relevancia, dado que permite a la población valorar las acciones de los tomadores de decisiones, frente a una crisis sanitaria sin precedentes.
El pasado lunes 16 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que revelar información sobre los contratos y el pago por la compra que hizo el gobierno mexicano de vacunas para Covid-19 representa un riesgo para la seguridad nacional, por lo cual dicha información debe reservarse hasta el año 2025.
Aunque en el Pleno del INAI somos respetuosos de las determinaciones de la Corte, no coincidimos con el fallo por el cual se reservó información sobre la compra de vacunas Pfizer, Astrazeneca y Cansino, caso derivado de una impugnación promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal a 2 resoluciones de nuestro órgano garante (RRA 1899/21 y RRA 2391/21) en contra de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, a pesar de dicha reserva, el titular del Ejecutivo Federal señaló públicamente que priorizarán la transparencia en estos contratos, porque es una demanda de la sociedad. En el INAI en reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado por la máxima publicidad en el tema, por considerar que se trata de un asunto de interés nacional (e incluso global) considerando también que garantizar la máxima publicidad de la información no solo es un tema relevante por el destino de los recursos, sino también para asegurar que, dentro de la estrategia nacional de vacunación, los insumos adquiridos para la emergencia sanitaria se distribuyan de manera equitativa entre la población.
Solo en 2021, la ponencia a mi cargo resolvió 63 asuntos relativos a la aplicación de vacunas al personal médico y a la población en general, la divulgación de contratos para la compra de los reactivos, las pruebas realizadas a la población sobre los mecanismos de vacunación y proyectos experimentales de nuevas vacunas. El criterio sostenido ha sido constante: apostar siempre por la máxima publicidad. Respecto al caso en específico, requerimos acceso a versiones públicas para no afectar las negociaciones internacionales en los procesos de compra y garantizar el acceso a la información. Apostar por la transparencia en contratos es reconstruir un entramado social basado en la confianza ciudadana. En momentos críticos de la pandemia las instituciones realizaron acciones para que la sociedad conociera el actuar de sus autoridades y encontrara respuesta a sus legítimas dudas. Se desarrollaron los micrositios “Transparencia Proactiva, Conocimiento Público Útil Covid-19”, y la Plataforma de Gestión Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Apostar por la transparencia en contratos es reconstruir un entramado social basado en la confianza ciudadana”
“La transparencia permite a la población saber si las autoridades dan buen uso a los recursos públicos”
Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización civil dedicada a la promoción de políticas públicas para combatir la corrupción ha señalado en distintos foros que, las contrataciones abiertas durante la pandemia son una herramienta indispensable para garantizar que los gobiernos realizan las acciones necesarias para enfrentar la crisis y cerrar el paso a irregularidades y posibles casos de corrupción.
La transparencia debe ser respaldada por leyes y normas, las instituciones están obligadas a cumplirlas, pero si queremos construir un país más democrático y con una sociedad que confíe en sus instituciones, debemos ir más allá, trabajar y realizar acciones más allá de las obligaciones que por ley existen, porque solo así la confianza ciudadana será recuperada.