Desde 2000, han matado en el país a 1,270 políticos
“La violencia no se centra en estados con elección”, afirma el titular del organismo
En el país se asesinó a mil 270 políticos desde el año 2000, cuando inició la alternancia en la Presidencia de la República, tras 71 años de gobiernos del PRI, revela un informe de la organización Etellekt, que se dedica a dar seguimiento a la violencia política en el país. El estudio, que será dado a conocer a detalle este miércoles, precisa que se trata de un promedio de 58 políticos asesinados por año, que incluye políticos, alcaldes, exalcaldes, candidatos y excandidatos.
En este reporte no se incluye ningún caso de candidatos a la Presidencia asesinados.
Rubén Salazar, director de Etellekt, precisó a El Financiero que, del total de casos, 91 eran alcaldes en funciones; 144, candidatos a algún cargo de elección popular, y 186, exalcaldes.
Los casos de políticos asesinados ocurrieron en 26 entidades, señaló Salazar, quien agregó que desde Etellekt se lanzará una alerta ya que la disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa pudiera derivar en agresiones a candidatos. “Hay amenazas del cártel de Jalisco, en concreto contra políticos de Morena, ya amenazó a gobernadores de ese partido, aparentemente por la ruptura de pactos y un apoyo al Cártel de Sinaloa”, dijo.
Señaló que el CJNG, por ejemplo, se adjudicó el asesinato de un
diputado en Colima y amenazó a la gobernadora con matar a más políticos por la supuesta ruptura de pactos, mientras que el Cártel de Sinaloa opera en forma similar. “La alternancia ha provocado no sólo una dispersión del poder político, sino una dispersión del poder criminal”, agregó, al apuntar que ya no sólo se habla de pactos con los grandes cárteles, sino ahora hay cerca de 350 pequeños cárteles que se están apoderando de regiones. Sobre la violencia registrada en el último año, aseguró que ésta no necesariamente está focalizada en los estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio (Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes), sino que está cargada a estados como Colima, Michoacán o Jalisco y es contra autoridades ya en funciones, entre ellos gobernadores y alcaldes.