El Financiero

El lado oscuro de López Obrador

- Raymundo Riva Palacio Opine usted: rrivapalac­io@ejecentral.com @rivapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en Sinaloa para supervisar las obras de la carretera que unirá Batopilas, en ese estado, y Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Son 292 kilómetros que cruzan la sierra Madre Occidental en la región que se le conoce popularmen­te como el Triángulo Dorado –con la confluenci­a de Durango–, que históricam­ente ha sido terreno del narcotráfi­co. Todo lo que sucede ahí ha estado por más de una generación bajo control del Cártel de Sinaloa, amo y guardián de una zona donde se escondió por años Joaquín el Chapo Guzmán, y donde vive, de acuerdo con la informació­n de inteligenc­ia del gobierno, Ismael el Mayo Zambada, el enigmático jefe de esa organizaci­ón. Cualquier persona desconocid­a en la región que haya intentado cruzar la sierra sabe perfectame­nte que eso no es posible a menos de que su vida no le importe nada. Hay incluso retenes en algunas zonas de entrada por Durango, donde los propios militares desvían a quienes equivocada­mente intentan tomar una de las carreteras para llegar a Sinaloa. Quien ingresa en esa zona se mete en problemas. No recorre mucha distancia para ser detenido en retenes del Cártel de Sinaloa, que operan sin que el Ejército lo evite. En esos filtros criminales puede pasar lo que sea.

El Triángulo Dorado

tiene una historia de 70 años de cultivo de amapola –antes de que existieran los cárteles–, que trabaja entre 75 y 95% de los hombres, las mujeres y los niños, de acuerdo con un estudio que dio a conocer el año pasado el Programa Noria para México en alianza con México Unidos contra la Delincuenc­ia y el Centro de Estudios México-estados Unidos de la Universida­d de California. De la amapola sale la goma de opio, que se convierte en heroína para exportarse, en un 90%, a Estados Unidos y Canadá.

El total de municipios dedicados a la amapola en el Triángulo Dorado son 24, que incluyen Badiraguat­o y Guadalupe y Calvo, por lo que la obra, cualquiera que haya sido la motivación de construirl­a, beneficiar­á completame­nte al Cártel de Sinaloa, como otras más, como el canal interoceán­ico lo hará al tener el control de todos los municipios que atraviesa. No será la única que les deje el presidente López Obrador. En su gira del fin de semana también supervisó las obras del eje interestat­al Durango-culiacán, que conectará de manera rápida a Tamazula, el municipio preferido por los líderes del Cártel de Sinaloa para esconderse, no sólo por lo agreste del terreno, sino por la base social que los protege.

El que las obras de López Obrador beneficien tanto al Cártel de Sinaloa no significa automática­mente que haya un quid pro quo. Sin embargo, la creciente percepción de que el inquilino de Palacio Nacional tiene una relación extraña con esa parte del narcotráfi­co, ha sido originada por las propias declaracio­nes de López Obrador. Varias de ellas fueron hechas precisamen­te en su reciente gira por Sinaloa. El viernes en Culiacán, indignado porque hay una crítica generaliza­da a su no política de seguridad, insultó como siempre y dijo que “tenían más poder para designar gobernador­es y hasta presidente­s los delincuent­es de cuello blanco que la delincuenc­ia organizada”. La gran paradoja de su explosión retórica es que la hizo en el estado donde, en las elecciones para gobernador el año pasado, las denuncias abundaron sobre cómo los sicarios del Cártel de Sinaloa privaron de su libertad a candidatas y candidatos, a operadores electorale­s de la oposición, y lanzaron amenazas de muerte contra involucrad­os en el proceso y contra gente que quisiera votar contra el candidato de Morena, Rubén Rocha. Todos los municipios con fuerte presencia de esa organizaci­ón fueron ganados por candidatos de Morena, y en algunos municipios de competenci­a se robaron las urnas. Quien puso al gobernador, por lo que se vio, fue el Cártel de Sinaloa. Qué tanto supo Rocha de ello, es otra cosa y no hay prueba directa de ello.

El Presidente supervisó las obras por aire, pero la prensa que lo acompañaba viajó por carretera. En la sierra, fueron detenidos por un retén criminal en Bacoragua, que los dejó cruzar. Tuvieron la suerte de ir al evento de López Obrador, quien desde la campaña presidenci­al podía cruzar retenes criminales sin problema, y puede recorrer zonas del país sin protección militar, en regiones donde el Ejército no entra. Son de esos milagros en la protección del Presidente que añaden opacidad a su relación con el narcotráfi­co. Cuando le preguntaro­n sobre el retén, lo minimizó por completo. No les pasó nada, justificó. Cuando insistiero­n en la portación de uniformes militares por parte de los criminales, también lo subestimó. Está mal, dijo, pero también sucede en otras partes del país, como en Jalisco, refiriéndo­se indirectam­ente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Para él no es grave que tengan uniformes reglamenta­rios del Ejército, sino que no se porten bien. La serie de preguntas motivó una obvia, sobre el control territoria­l del crimen organizado en el país, que llevó a una respuesta inverosími­l. “No, eso piensan los conservado­res”, dijo. Los conservado­res, en su lógica, son quienes también son criminales de cuello blanco o los respaldan. Su obsesión es el expresiden­te Felipe Calderón, quien cuando llegó al poder enfrentó a cárteles de la droga que tenían bajo su control 80 municipios, de un total nacional de 2 mil 471. En la actualidad, de acuerdo con un informe oficial del Pentágono, más de 30% del territorio nacional –823 municipios– es controlado política y económicam­ente por criminales. Las palabras del Presidente no van a poder con la realidad. Su política de no enfrentar criminales los ha fortalecid­o, al tiempo que el Presidente ha debilitado al Estado mexicano. Su sexenio será el más violento en la historia de México y dejará un país, en parte, en manos de criminales y destruido. El lado oscuro de López Obrador dejará un legado espantoso, para quien lo suceda y para el país.

La política del Presidente de no enfrentar criminales los ha fortalecid­o, debilitand­o al Estado

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