La salud mental debe ser un derecho (Parte 2)

Después de muchos años en los que la salud mental estuvo fuera del debate público, esta agenda ha ido ganando cada día mayor visibilidad. La pandemia ayudó a esto en gran medida, como mencioné en mi anterior artículo: nos puso al límite como sociedad y visibilizó la importancia de que los gobiernos pongan en marcha programas de atención para toda la población, comenzando por los grupos sociales que más lo necesitan.

En esta segunda entrega abordaré otras acciones que pueden ser emprendidas desde los tres niveles de gobierno y los tres poderes públicos para cuidar de la salud mental de la población; en esta ocasión, poniendo la mirada en la prevención.

La primera acción implica un cambio en la manera en la que se aproximan las instituciones del Estado a la salud mental. Es necesario dejar atrás las visiones estigmatizantes que conciben a los padecimientos mentales como un motivo para excluir a las personas que los sufren, o como males individuales que son responsabilidad únicamente de quien los padece. Un ejemplo de esto lo encontramos en el trato que reciben algunas personas en situación de calle, a quienes no se les reconocen sus derechos humanos básicos porque viven con un padecimiento mental. Otro ejemplo lo podemos ver en los despidos que han sufrido personas que trabajan en el ámbito público, como las y los policías, a raíz de que reportan un problema en su salud mental, lo cual equivaldría a que a fueran despedidos por fracturarse o por sufrir cualquier otro padecimiento ocurrido durante el ejercicio de sus funciones.

Toca hacer un ejercicio de reflexión respecto a la importancia que tiene el cuidado de la salud mental para la construcción de un país en paz, de derechos y con bienestar. Si los políticos no cambian, tampoco lo harán las políticas públicas.

Los más afectados por el rezago en esta materia son las niñas, niños y jóvenes. En los últimos años, particularmente tras el confinamiento en pandemia, los dolorosos casos en los que personas de este rango de edad deciden terminar con su vida han aumentado significativamente (de acuerdo al INEGI, la cifra de suicidios en 2020 aumentó 37% respecto a 2019). Por eso, la segunda acción de prevención debe enfocarse en las escuelas y en los centros comunitarios. Para evitar que un padecimiento se convierta en uno grave que requiera atención clínica, debemos llevar a los espacios educativos información que ayude a las niñeces y juventudes a desarrollar habilidades para identificar señales de alerta, cuidarse y cuidar a los demás desde los primeros años.

La tercera acción de prevención es fortalecer los derechos laborales con una perspectiva de cuidado de la salud mental. La experiencia de los últimos años nos ha mostrado que para que las personas puedan desarrollar sus actividades laborales de manera plena, necesitan tiempo de descanso diario y vacaciones suficientes, así como mecanismos que les protejan de situaciones de estrés colapsante (también conocido como burnout). Este es un tema que se debe de discutir en el Poder Legislativo como parte de una reforma laboral que mejore las condiciones de las y los trabajadores. La desatención histórica de la salud mental en México requiere una respuesta desde los espacios de decisión política. Las personas merecen una respuesta desde los gobiernos, los congresos y los partidos políticos. En mi próximo artículo les compartiré los avances que hemos logrado desde Jalisco por el reconocimiento de la salud mental como derecho.