Banca de desarrollo, una nueva ambición para el clima
En los últimos años, las crisis se suceden y afectan ahora a todas las economías del mundo. A la crisis climática se han sumado la crisis sanitaria, la económica y la alimentaria, que los recientes conflictos han intensificado. De acuerdo con la ONU, la pandemia ha sumido a cerca de 500 millones de personas en la pobreza, retrocediendo lo que se había avanzado en 10 años de esfuerzos continuos. En este entorno de crisis prolongadas, la capacidad de adaptación se convierte en una prioridad cardinal que todos los actores deben reforzar.
En México, el desafío climático es ineludible. Los daños causados por la intensificación de las catástrofes naturales afectan a casi el 60% del territorio, así como a las poblaciones más vulnerables. En marzo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reveló que los costos de las catástrofes naturales habían aumentado a más de 35,300 millones de dólares durante el periodo 2000-2020.
En este entorno inestable, la banca de desarrollo ha vuelto a ser esencial en las políticas de reactivación por su función anticíclica, su capacidad para inyectar financiamientos en la economía real, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mitigar la gravedad de los choques y preservar los empleos, sin perder el hilo de la transformación estructural.
El papel de los bancos públicos de desarrollo es ser un primer paso en el financiamiento. Conocedores de los territorios, cercanos de los agentes económicos, saben identificar las necesidades y medir los riesgos macroeconómicos. Como vectores de confianza, proporcionan estabilidad y perspectivas a largo plazo. Esto, dado que llegan allí donde el sector privado no invierte, ayudando a financiar tanto las reformas sectoriales como las infraestructuras esenciales. En coordinación con los bancos centrales, contribuyen a la construcción de un entorno propicio para proyectos sostenibles e inclusivos. Estos actores están a disposición de los gobiernos y pueden seguir desempeñando un papel clave bajo tres condiciones. En primer lugar, los gobiernos podrían aumentar su ambición, y reforzar sus mandatos al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del clima. Gracias a su modelo económico, y con pocos recursos adicionales, los bancos públicos de desarrollo pueden cambiar de escala y maximizar sus impactos. En segundo lugar, debemos trabajar colectivamente –sector público y privado y reguladores– en la creación de un marco de normas con la finalidad de crear un entorno favorable para las inversiones verdes y sostenibles a nivel local. Esto requiere establecer objetivos comunes y es con esta ambición que la AFD en México dialoga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banxico para establecer una taxonomía verde y sostenible. Por último, los bancos públicos de desarrollo deben trabajar de manera más coordinada para redoblar esfuerzos. En este contexto, 27 bancos públicos de desarrollo nacionales y regionales, de pesos y la de los municipios 37 mil millones, y se estima que dichos pasivos no aumentarán.
“Lo que debería aumentar es el pago de interés, pero una práctica que hemos observado es que las entidades federativas refinancian su deuda o la reestructuran, considerando que la Ley de Disciplina Financiera prohíbe que las reestructuras aumenten el monto de la deuda, su costo o su plazo”, indicó.
BAJA DEUDA PESE A CRISIS: IMCO
A pesar de la crisis económica, la deuda de estados y municipios bajó 2 por ciento en términos reales en 2021, en comparación con el 2020, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Este es un escenario atípico en comparación con otras crisis registradas en México como la de 1994 y 2009, en las que la deuda creció 45 por ciento y 20 por ciento, respectivamente”, enfatizó. Explicó que los pasivos son una herramienta financiera. “Cuando la deuda es usada para fines productivos y de forma sostenible, permite a los estados y municipios hacer inversiones que sirvan como catalizadores de crecimiento económico y competitividad”. entre ellos Nafin y la AFD, se han unido dentro de la red del Club Internacional de Financiación del Desarrollo (IDFC). Más allá del intercambio de experiencias, esta coordinación crea un increíble efecto de palanca a la escala de todos los continentes, capaz de modificar el sector financiero, así mismo dirigir mejor los flujos financieros privados hacia los ODS.
La iniciativa “Finanzas en Común”, la cual reúne a los 550 bancos públicos de desarrollo de todo el mundo, representa el 15% de la inversión mundial, una capacidad de inversión anual de 2,700 millones de dólares aportados por los bancos públicos. Estos tienen la voluntad común de un compromiso estructural a largo plazo. “Hacer que los bancos cooperen entre sí” es precisamente el objetivo de la tercera cumbre “Finanzas en Común” que se celebrará en Abiyán en octubre próximo. Los bancos públicos pueden desempeñar un papel fundamental en la movilización del ahorro privado para destinarse a los ODS. En este sentido, el gobierno mexicano ya ha dado una fuerte señal al realizar sus primeras emisiones de bonos etiquetados ODS por la cantidad de 2,000 millones de euros. Es importante que el uso de estos instrumentos innovadores se generalice en los bancos públicos, pero también que pueda extenderse a nivel de los estados federados. Al favorecer la cooperación entre la escala nacional y local, estarán más cerca de los líderes de proyectos y de la población, en particular para mejorar la gestión de los recursos hídricos, financiar la movilidad eléctrica, la eficiencia energética, la economía circular o incluso promover la preservación de la biodiversidad y la agricultura sostenible.
Nuestra constatación es simple y esperanzadora: a través de la coordinación de todos los bancos de desarrollo, a través del aumento de su ambición y de su capacidad de movilización, podremos juntos, con el apoyo de la sociedad civil y del sector privado, lograr más proyectos para mitigar los efectos del calentamiento global y construir un mundo más justo, más inclusivo y más protector: un mundo en común.
*Rémy Rioux es director General del Grupo Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Experto en economía y especialista en instituciones financieras internacionales, ha ocupado diversos puestos de alto nivel durante una carrera dedicada al desarrollo y a África. Tras desempeñarse como director de Gabinete del Ministro de Economía y Finanzas francés, fue nombrado secretario General Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y coordinó la agenda financiera del Acuerdo de París. El Sr. Rioux dirige la AFD desde 2016. En 2017, también se convirtió en presidente del IDFC. Desde el año 2020, cuando se organizó la primera edición de la Cumbre “Finanzas en Común”, ha sido Presidente del Comité Ejecutivo de “Finanzas en Común”.