Jalisco: exterminio criminal, desapariciones y complicidad
Desde hace algún tiempo se advierte un creciente malestar en el occidente del país. El 10 de mayo, Día de las Madres, colectivos de familiares de desaparecidos salieron a las calles de Guadalajara. ¡Este día no es de fiesta, es de lucha, es de protesta! Se trataba del comprensible reclamo de quienes no encuentran a una hija o un hijo. Las movilizaciones por desapariciones han continuado desde entonces. Entre otros casos, en mayo se supo de la desaparición de dos ambientalistas en Cuautitlán de García Barragán (quienes afortunadamente fueron encontrados con vida), y algunas decenas de manifestantes paralizaron el tránsito en Zapopan ante la desaparición de un menor de 17 años. Finalmente, la semana pasada dos noticias confirmaron la severidad de la crisis. El miércoles se reportó un enfrentamiento en una colonia de El Salto, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con saldo de cuatro policías municipales y ocho presuntos criminales muertos. El enfrentamiento se suscitó después de que los elementos acudieran a un domicilio en el que sujetos armados habían metido personas por la fuerza. También la semana pade sada se dio a conocer información de una fosa clandestina, ubicada en el municipio michoacano de Villamar, muy cerca de los límites con Jalisco, donde, al parecer, hay cientos de restos humanos. Por supuesto, las desapariciones no son una tragedia exclusiva Jalisco. En Coahuila, en Veracruz y en otros estados se han registrado, a lo largo de más de una década, hallazgos macabros que evidencian la gravedad que este fenómeno ha tenido. Sin embargo, recientemente tres factores han coincidido para exacerbar la crisis de desapariciones en el occidente del país.
El primer factor tiene que ver con las modalidades que sigue la violencia criminal. En los últimos años, los enfrentamientos criminales han sido relativamente excepcionales en Jalisco. De 2018 a la fecha, sólo una de cada 40 víctimas letales del crimen organizado ha muerto en un enfrentamiento. En contraste, el CJNG y los otros grupos que operan en el estado han optado por seguir una estrategia de exterminio masivo pero silencioso de sus rivales (o de quienes consideran que son sus rivales). Los levantones y las incursiones –en las que un comando armado bloquea el acceso a una localidad e ingresa para llevarse a todo aquel que considera un posible enemigo– han sido los métodos predominantes de este exterminio.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, de
Básicamente se atienden las desapariciones que hacen ruido en los medios. A las demás se les da
enero a mayo de 2022, en Jalisco se reportaron 356 personas desaparecidas (siguiendo la definición legal, personas de quienes se desconoce su paradero y de quienes se presume que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito). Es la tercera entidad con mayor número de registros para ese periodo, sólo por debajo del Estado de México y de la capital del país. Sin embargo, llama la atención que Jalisco es la entidad federativa donde más hombres desaparecen (y que, en dicho estado, del total de las personas desaparecidas, 76 por ciento sean hombres). Lo anterior es un indicio de que las desapariciones en la entidad están estrechamente vinculadas con prácticas de exterminio de rivales, e incluso de reclutamiento forzado, por parte de comandos armados del crimen organizado.
El segundo factor ha sido la capacidad de la delincuencia para intimidar a las policías municipales que, al parecer, han colaborado activamente con varias desapariciones. Los elementos implicados en casos de desaparición formaban parte de corporaciones tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara (incluyendo Guadalajara y Tonalá), como del resto del estado (Cuautitlán de García Barragán, La Barca, Lagos de Moreno y Ocotlán, por citar sólo algunos ejemplos).
El tercer factor ha sido que, más allá de las corporaciones municipales, completamente vulnerables frente al crimen organizado, las demás autoridades fueron incapaces de dar una respuesta eficaz a la crisis, que terminó por desbordarse. Hace unos días, Jonathan Lomelí, de El Informador, publicó el testimonio de una policía investigadora adscrita a la Fiscalía de Desaparecidos de Jalisco. El panorama que describe es francamente desalentador. Dentro de la fiscalía, cada pequeño grupo de tres o cuatro elementos tiene a su cargo 900 o mil carpetas de investigación (es completamente imposible que las atiendan todas). No hay equipamiento adecuado. Lo más lamentable de todo es que la información no se captura en bases de datos y no se genera inteligencia a partir de este enorme volumen de denuncias, lo que permitiría conectar casos, priorizar y plantear una estrategia para hacer un uso adecuado de los recursos disponibles. El testimonio da a entender que básicamente se atienden las desapariciones que hacen ruido en los medios. A las demás se les da carpetazo.