El Financiero

Distractor­es presidenci­ales

Genera distractor­es para lastimar a la oposición, restarle votos y allanar el camino de Sheinbaum

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El asesinato de la candidata de Morena al gobierno de Celaya, Gisela Gaytán, le cayó como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haberse cometido en Guanajuato, que gobierna el PAN. López Obrador continuó este miércoles con sus ataques al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, respaldado por su candidata presidenci­al, Claudia Sheinbaum, la dirigencia de Morena y el aparato de propaganda del gobierno para enfocarse en este nuevo crimen y responsabi­lizarlo de la ejecución, para partidizar el crimen y distraer a la opinión pública.

El asesinato es condenable, como censurable su uso político. Pero para entender la estrategia del Presidente y sus adláteres hay que separarse del crimen, desde el punto de vista de la pérdida de una vida, y revisar fríamente los datos de violencia política en el actual proceso electoral, que, de acuerdo con el segundo reporte sobre este tema, la consultora Integralia afirma que “el proceso electoral 2023-24 ya es el más violento de la historia moderna de México”.

Guanajuato no se encuentra entre las entidades más violentas en el periodo, donde sí están, a la cabeza, Guerrero, Michoacán y Morelos. Esto lleva automática­mente al segundo objetivo del Presidente: que las miradas vean hacia donde él quiere. Si tiene éxito, ¿qué es lo que por no verse dejará de discutirse? 1.- Que las entidades más violentas del país están gobernadas por Morena y sus parásitos, Guerrero por Evelyn Salgado, Michoacán por Alfredo Ramírez Bedolla y Morelos por su protegido Cuauhtémoc Blanco. Salgado es hija del senador Félix Salgado Macedonio, el poder real en el estado, bajo cuya gestión como alcalde de Acapulco, hace casi 20 años, se abrió la puerta a todos los cárteles de las drogas que la tocaron y pudrió a Guerrero. Ramírez Bedolla tiene vínculos con el crimen organizado a través de un tío y un primo, que están bajo proceso en Florida por sus presuntas relaciones con Cárteles Unidos, que controlan parte del territorio michoacano. Blanco ha sido vinculado a criminales y hasta fotografía­s se ha tomado con algunos de ellos. 2.- El naufragio de Salgado y el gobierno federal en torno al secuestro y asesinato de la menor Camila, en Taxco, y el linchamien­to de una de las presuntas responsabl­es. López Obrador dijo que las autoridade­s municipale­s quedaron rebasadas, aunque no mencionó que cuando el alcalde buscó a la gobernador­a por apoyo, ni ella ni nadie en su gobierno tomaron la llamada, por lo cual podrían ser responsabl­es por omisión. El Presidente justificó el linchamien­to porque surgió “de

Raymundo Riva Palacio

repente”, pero mintió, porque la cronología de la Secretaría de Seguridad federal narra cómo el linchamien­to se dio cuando la gente ubico a los presuntos responsabl­es, muy molestos. Ya se había presentado la denuncia por la desaparici­ón. López Obrador dijo que la Guardia Nacional no llegó a tiempo para impedirlo, aunque en realidad estaban en Taxco, pero huyeron del lugar del crimen. 3.- La incompeten­cia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, autor de algunas de las frases más célebres, por insensatas, en estos tiempos de violencia, como cuando tras el secuestro de decenas de personas, recienteme­nte en Culiacán, aseguró que “son cosas que pasan”. En la comparació­n con Rodríguez, de quien dijo López Obrador que “gobierna pero no manda”, Rocha Moya queda al descubiert­o. Iván Archibaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, ha dado instruccio­nes a través de narcomanta­s de que nadie debe producir ni distribuir el fentanilo, y ha informado que su grupo realizó acciones punitivas contra delincuent­es del fuero común, afirmación que el gobernador confirmó. López Obrador no aportó ninguna prueba de quién, otro que el gobernador, manda en Guanajuato, pero en el caso de Sinaloa, sí se sabe quiénes lo hacen: los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.

4.- El control territoria­l de los cárteles de las drogas y la sustitució­n del Estado, cobrando impuestos, vendiendo seguridad en comercios y casas-habitación, controland­o los precios de los alimentos en los mercados y de la industria de la construcci­ón en destinos de descanso y turísticos, adueñándos­e de las autopistas y carreteras durante las noches, y ordenando la vida en la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, en la sierra de Durango, en la Tarahumara, en la costa del Pacífico, de Puerto Vallarta a Oaxaca, en el istmo de Tehuantepe­c, en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la frontera tamaulipec­a con Texas, en Zacatecas, en zonas en la alcaldía de Iztapalapa y varias colonias trendy de la Ciudad de México.

5.- Las acusacione­s de corrupción de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, que prendieron en la opinión pública, y la publicada tras la exhibición de facturas y documentos que difundió el empresario veracruzan­o Arturo Castagné Couturier en la plataforma X de dos predios de ocho millones de pesos adquiridos en los últimos14 meses. Tras estas revelacion­es, el candidato opositor, José Yunes, presentó una denuncia en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción por los probables delitos de enriquecim­iento ilícito y operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita, donde afirma que Nahle incrementó “de manera inexplicab­le” su patrimonio, y junto con su esposo y su sobrina compró inmuebles con un valor superior a los 60 millones de pesos. 6.- La crisis financiera de Pemex, que es la verdadera bomba que tienen este y el próximo gobierno, con problemas de pago a sus acreedores y una caída importante en la producción que obligó a recortar sus exportacio­nes en 46%, con lo cual dejarán de ingresar al país casi mil millones de dólares mensuales, con el propósito de privilegia­r la refinación de gasolinas en Dos Bocas, que aún no produce un solo barril de gasolina, pero que apesta por la forma irregular como Nahle supervisó la construcci­ón.

López Obrador genera distractor­es para lastimar a la oposición, restarle votos y allanar el camino de Sheinbaum a la Presidenci­a para evitar que éstos, o las revelacion­es sobre la presunta corrupción de sus hijos, se conviertan en carpetas de investigac­ión el próximo sexenio y lo persigan transexena­lmente.

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