Criminales se reparten Guerrero con mediación de la Iglesia; el gobierno asiente y la violencia disminuye
¿Necesitará de nuevo el gobierno federal y el de Evelyn Salgado que las autoridades eclesiásticas también intervengan en este conflicto?
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Guerrero es una especie de ‘archipiélago’ donde cada isla es un feudo y donde la relación entre políticos y criminales es altamente simbiótica. Cada uno de estos feudos goza de un buen grado de autonomía frente al gobierno estatal, lo que convierte a la entidad en un temible desafío para quien encabece la rama ejecutiva. En varios momentos críticos ha sido evidente falta de capacidad y oficio político de la gobernadora Evelyn Salgado y de su equipo para enfrentar tal desafío, lo que ha propiciado el aumento de la violencia criminal. Además, la rijosidad política y social se han tornado al rojo vivo.
De aquí la importancia de que en las últimas semanas se hayan establecido dos pactos clave, gracias al trabajo heterodoxo de miembros de la cúpula eclesiástica de la entidad. Como detallaré más adelante, estos dos pactos abarcan las regiones de Tierra Caliente, Norte, Sierra,
Centro y Montaña, donde han empezado a disminuir los niveles de violencia. Quienes han mediado con poderosos grupos criminales (Los Tlacos, La Nueva Familia Michoacana –LNFM–Y Los Ardillos) son Salvador Rangel, obispo emérito, y Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello de derechos humanos.
El primer pacto, relativo a las regiones Centro, Sierra y Montaña Baja, es el establecido entre Los Tlacos y Los Ardillos. Su principal resultado ha sido la gradual pacificación de Chilpancingo. Según este ‘acuerdo’, Los Tlacos se quedarán con el control de la mayor parte del territorio de Chilpancingo, con excepción de la zona sur (Petaquillas), que permanecerá bajo control de Los Ardillos. Asimismo, el pacto canceló la posibilidad de que la actual presidenta municipal de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, buscara la reelección. Sin embargo,
@laloguerrero el candidato de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Jorge Salgado Parra, ha sido impugnado por la militancia de Morena y señalado por el Cártel del Sur como colaborador de Los Tlacos. Asimismo, Los Tlacos se quedarán con el control, en la región Centro, de los municipios Eduardo Neri y Heliodoro Castillo, actualmente gobernados por Morena y PRI, respectivamente. Los Ardillos, por otra parte, controlarán Chilapa de Álvarez (región Montaña Baja).
El segundo pacto, relativo a las zonas Norte, Tierra Caliente y Sierra, es entre Los Tlacos y LNFM. Por lo que atañe a Los Tlacos, éstos se quedarán con el control de Iguala (donde se prevé la reelección de David Gama, del PRI). Morena, por cierto, no participará en esta elección, sino el PVEM, con Erik Catalán, quien sobrevivió a un ataque armado el pasado 3 de febrero. Por otra parte, según este ‘acuerdo’, Taxco y San Miguel Totolapan quedarán bajo el control de LNFM. Ahí ambos alcaldes tienen una probabilidad alta de lograr la reelección bajo las siglas de MC y PRD, respectivamente.
Los pactos descritos son de amplio alcance y su propósito central es la distribución del control territorial por parte de las principales organizaciones criminales. Y con el territorio va todo el paquete: cobro del derecho de piso, narcotráfico, control de rutas del transporte público, entre otros negocios ilícitos. Además, en estos territorios la organización criminal dominante ‘lleva la mano’ en las propuestas para las candidaturas municipales, y para decidir también quién podrá o no podrá aspirar a la reelección.
Hasta ahora, Acapulco y Zihuatanejo escapan afortunadamente a esta lógica de reparto territorial, y no hay indicios de que el crimen organizado busque involucrarse en sus procesos electorales. En el caso de Acapulco, el gobierno federal y Morena realizan un gran esfuerzo para que la alcaldesa Abelina López sea reelegida, y al parecer eso es lo que sucederá.
Aunque se han registrado algunos episodios de descontento después del paso del huracán Otis, agencias federales han destinado enormes recursos a la población afectada. Por ejemplo, se han asignado alrededor de 300 mil apoyos, cuyo monto ronda entre 40 y 60 mil pesos por familia. Además, las fuerzas militares han repartido masivamente enseres (especialmente refrigeradores y estufas). Por lo que toca a Zihuatanejo, el PRI tiene ahí su último bastión y concentrará ahí su pelea.
Sólo hay ahora un factor disruptivo, que se ha anunciado en las últimas semanas. Se trata de la reaparición del Cártel del Sur, una mafia regional que había permanecido inactiva. Durante la última semana se han registrado varias balaceras cerca de Chilpancingo contra transportistas de Chichihualco (cabecera del municipio de Leonardo Bravo). Los mensajes que ha dejado este grupo es que están aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y defenderán sus espacios en los municipios de Leonardo Bravo y Zumpango, gobernados por Morena y PT, respectivamente, y controlados por Los Tlacos. Lo anterior presagia ataques armados contra candidatos de Morena en esa zona e incendios de vehículos que exhiban propaganda de Morena.
¿Necesitará de nuevo el gobierno federal y el de Evelyn Salgado que las autoridades eclesiásticas también intervengan en este conflicto para evitar un nuevo brote de violencia?