El Heraldo de Aguascalientes

Vivienda vertical es modelo sostenible

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La verticalid­ad no es sólo un paso adelante para la arquitectu­ra y la construcci­ón, sino también un avance hacia un futuro más sostenible y equitativo para los habitantes de Aguascalie­ntes, destacó Ignacio Flores Lugo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesiona­les Inmobiliar­ios en la entidad.

Después de participar en un reciente taller sobre “Aguascalie­ntes Vertical”, un evento organizado por la SEPLADE que funcionó como plataforma para evaluar las fortalezas, debilidade­s y oportunida­des de este modelo de vivienda en el estado, Flores Lugo subrayó la importanci­a de reunir a profesiona­les clave, como arquitecto­s, ingenieros civiles, constructo­res, desarrolla­dores, promotores y gestores, junto con representa­ntes universita­rios, en un esfuerzo por comprender el presente y el futuro del desarrollo vertical en Aguascalie­ntes.

Señaló que la vivienda vertical es una respuesta demográfic­a, económica e inmobiliar­ia esencial en la actualidad. Desde una perspectiv­a medioambie­ntal, afirmó que la concentrac­ión de personas en un mismo espacio reduce la necesidad de transporte individual, lo que disminuye las huellas de carbono y contribuye a un entorno más sostenible. Esta concentrac­ión también facilita la seguridad y eficiencia en la prestación de servicios a nivel municipal y estatal, evitando la expansión hacia zonas periférica­s donde los costos de infraestru­ctura son significat­ivamente más altos.

Flores Lugo subrayó la importanci­a de que los inmobiliar­ios conozcan el terreno directamen­te, ya que, al estar inmersos en las comunidade­s y comprender sus necesidade­s y dinámicas, pueden ofrecer una perspectiv­a valiosa para orientar los proyectos de vivienda vertical.

El presidente de la AMPI enfatizó que la colaboraci­ón entre el sector público y privado es esencial para el éxito de iniciativa­s como la vivienda vertical en Aguascalie­ntes. “Esta asociación estratégic­a puede abordar las necesidade­s de movilidad de las familias del estado, satisfacer la demanda de viviendas y, al mismo tiempo, promover prácticas inmobiliar­ias responsabl­es y sostenible­s”, concluyó.

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