“Sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”
SUSPENSIONES YA REBASAN EL CENTENAR
Los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza concedieron otras nueve suspensiones definitivas, con lo que suman ya 102 las medidas contra la reforma.
De las nueve suspensiones, seis fueron otorgadas por De la Peza y tres por Gómez Fierro a empresas como Eólica de Oaxaca y Compañía de Electricidad Los Ramones.
Estas se suman a las compañías Tai Durango Uno, Solar Park Viborillas, Eurus y Energía Renovable del Istmo II. También a Eólicos de San Lázaro, Central Anáhuac, Central Lomas del Real, Mitre Calera Solar, Versalles de las Cuatas, Electricidad Águila de Altamira, Tai Durango Cuatro Neo, Versalles de las Cuatro Tres y Photoemeris Sustentable, que obtuvieron suspensiones definitivas.
Destaca también la suspensión concedida a Greenpeace México, organización ambientalista que argumenta que la aplicación de la reforma eléctrica provocaría el retraso en las metas de descarbonización de la industria y en los objetivos de nuestro país de transitar hacia fuentes más limpias de energía. Esto haría que México incumpla con los compromisos internacionales de cambio climático y fomento a las energías renovables.
Greenpeace advierte que el tema va más allá porque hay afectaciones también a la salud debido a que la reforma fomenta el uso de combustóleo para generar electricidad. Este producto, derivado del proceso de refinación, tiene altos niveles de azufre y es muy contaminante.
Como dio a conocer otra de las empresas beneficiadas con la orden judicial es Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que suministra energía a compañías como Grupo Bimbo y Walmart, y que desde el 18 de marzo interpuso el juicio de amparo ante el juez Fierro.
Demex, filial mexicana de Renovalia Reserve, una compañía creada en 2011 por Renovalia Energy y First Reserve, es el mayor fondo de inversión de energía e infraestructuras del mundo. Esta empresa anteriormente había obtenido una resolución favorable a un amparo que interpuso en contra del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocido como Decreto Nahle, publicado por la Sener en el primer semestre del año pasado.
Con esta resolución, el pasado 4 de marzo la Sener tuvo que dejar insubsistente dicho decreto que planteaba lo mismo que quedó plasmado en la iniciativa de reforma a la LIE y que ahora es motivo de un nuevo litigio en tribunales.
Las suspensiones otorgadas por los jueces han provocado que López Obrador se pronuncie sobre el tema en sus conferencias matutinas, en las que ha dicho que “sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”.
Incluso, dos semanas atrás, el primer mandatario pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, investigar al juez Gómez Fierro, por haber amparado a las empresas participantes en el sector. También amagó con modificar la Constituciónen caso de que el Poder Judicial desapruebe en definitiva la reforma a la Ley.