Carolina Viggiano

En México existen alrededor de un millón 200 personas dedicadas a la docencia en nivel básico y alrededor de 400 mil en licenciatura.

Ellos juegan un papel fundamental para el desarrollo del país ya que, en sus manos está la formación académica de millones de jóvenes y niños, que en breve se convertirán en ciudadanos y serán parte de la fuerza laboral del país. Para jubilarse, un profesor y profesora debe prestar servicios por cuando menos 30 años, en los que dedican su vida a compartir sus conocimientos con los demás.

Lo menos que esperan y merecen es que su jubilación les alcance para llevar una vida decorosa y un retiro digno. De entrada, en el proceso de jubilación pierden un 40 por ciento de su percepción original.

Sin embargo, la Suprema Corte ha determinado que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la educación no se estimen en Salarios Mínimos sino en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Esta unidad equivale a poco más de 80 pesos, mientras que el salario mínimo es de 141, lo que significa una importante reducción en la pensión que reciben las maestras y maestros jubilados y un impacto en el plan de vida en aquellas personas que están por jubilarse.

Esto constituye un duro golpe a la economía de quienes dedicaron su vida a la educación y merecen un retiro digno, por ello, la próxima legislatura será una gran oportunidad para corregir desde la ley esta situación, sobre la que Morena no se ha ocupado y ha dejado pasar.