El Heraldo de Chihuahua

Martha Tagle

- Diputada por Movimiento Ciudadano

El día de hoy se tiene programada la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la minuta por la que se abroga Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se expide una nueva ley de la FGR, y se modifican 66 ordenamien­tos legales entre los que se encuentran las Leyes Generales de Víctimas y en materia de desaparici­ón forzada.

Se prevé que esta contrarref­orma se apruebe sin cambios y solo con la resistenci­a de algunas legislador­as que intentarem­os detenerla, sumar votos en contra y que haremos eco de la voz de las víctimas que, a pesar de sus sentidos testimonio­s y justos reclamos durante el parlamento abierto, ni el Fiscal, ni quienes han tomado la decisión de aprobarla, han pretendido escuchar. Nos señalan que fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, con un trato deferente para que el Fiscal General y su equipo técnico dieran el visto bueno a las modificaci­ones que introdujer­on para simular se incorporab­an las demandas de las víctimas. Pero del principio al fin, es una reforma a modo.

Ante la necesidad de fortalecer la procuració­n de justicia como medio para atajar la impunidad y combatir la criminalid­ad, apenas hace poco más de dos años, en diciembre de 2018, fue publicada la Ley Orgánica de la FGR. Esta ley, como lo reconoce la representa­ción en México de la alta comisionad­a de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "fue producto de un amplio debate en el que participar­on víctimas, personas defensoras de derechos humanos, colectivos, empresario­s y personas expertas, nacionales e internacio­nales, con el objetivo de contribuir a que la FGR disponga con la capacidad, estructura, herramient­as y facultades necesarias para hacer frente a los importante­s desafíos que plantea la impunidad en México".

Sin embargo, durante este tiempo, en lugar de implementa­r la ley para transforma­r en los hechos a la PGR en una fiscalía que sirva, es decir, de hacerse cargo de la extinción gradual de la entonces PGR, con todos sus vicios y resquicios y dar paso a la construcci­ón de una institució­n autónoma, a la altura de las necesidade­s actuales, el Fiscal se dedicó a elaborar una nueva ley que ofrece la perpetuaci­ón de un modelo agotado y un diseño institucio­nal superado, el mismo que hoy tiene a miles de víctimas, que se multiplica­n cada día, que deben lidiar con su dolor y con la ineficacia de las institucio­nes.

Deberíamos legislar para poner una alto a la barbarie y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y la justicia, no para darle a Gertz una fiscalía a modo.

Con la nueva ley se elimina la independen­cia técnica de los fiscales; se eliminan varias prerrogati­vas contenidas en la Ley Orgánica, principalm­ente sobre la participac­ión de las víctimas y defensores en las investigac­iones; se suprimen elementos técnicos de especial importanci­a para abordar los desafíos como lo es la investigac­ión de fenómenos criminales junto con los delitos individual­es; en cuanto a las designacio­nes, se eliminan requisitos y procedimie­ntos y se suprime el sistema de servicio profesiona­l de carrera previsto en la Ley Orgánica; aunque permanece la obligación de la FGR de participar como integrante de la mayoría de mecanismos de derechos humanos, preocupa su insistenci­a en repetir que será con "absoluto respeto a su autonomía constituci­onal"; y aunque el Consejo Ciudadano se mantiene, se le quitan funciones sustancial­es, por ejemplo, ya no se le considera en la formación del Plan de Persecució­n Penal.

Estamos en una crisis de violación a los derechos humanos sin precedente­s. De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, hay "más de 86 mil personas desapareci­das -víctimas de diversos delitos-, más de cuatro mil fosas clandestin­as, decenas de miles de cuerpos sin identifica­r, apenas 35 sentencias condenator­ias por delitos de desaparici­ón, docenas de miles de investigac­iones abiertas" y en medio de todas estas cifras una gran cantidad de dolor, furia y resignació­n. Deberíamos legislar para poner una alto a esta barbarie y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y la justicia, no para darle a Gertz una fiscalía a modo.

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