Impartición de justicia, otra víctima del Covid
INVESTIGACIONES DEFICIENTES
de manera eficiente y sin retrasos, en el cumplimiento de la presunción de inocencia, en la ausencia de discriminación, en el trato que reciben las personas privadas de su libertad y en el derecho a que tengan una defensa adecuada, entre otras.
Alejandro González, investigador y director de proyectos sobre Estado de Derecho del WJP, explica que estos rezagos estructurales ya existían desde antes de la pandemia, pero la ausencia de capacidades básicas para tomar medidas de justicia abierta y digital amplió las brechas.
“Lo que evidencia en términos muy concretos hacia el futuro es que en la medida en que los órganos jurisdiccionales no adopten previsiones de apertura y de los modelos digitales de atención a las personas, éste y cualquier otro evento del entorno que sea disruptivo, pues va no sólo a afectar sino a profundizar las brechas que ya existían antes", señala en entrevista a
Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del Ministerio Público: 30 estados se ubicaron dentro del rango de puntaje mínimo a obtener, que es de cero a 0.29, mientras que dos se localizaron en el segundo peor rango. En este punto, la organización mide qué tan efectivo es el sistema de justicia para resolver delitos con tecnología, suficiencia de personal, formación y capacitación de sus agentes.
González considera que es difícil estimar cuánto tiempo llevará al país regresar a los niveles de justicia que existían hasta antes de la pandemia, pues depende de factores como la duración de la crisis sanitaria, el ritmo de vacunación y si habrá políticas públicas y recursos destinados específicamente para hacerse cargo de esas brechas.
Sin embargo, considera que a corto plazo se requieren tres elementos: cambiar el paradigma del Sistema de Justicia Penal en el país por uno que ponga en el centro a las personas; aprovechar lo que ya existe en términos de digitalización y capacitar a las personas en los órganos jurisdiccionales para que atiendan, por medios virtuales, los distintos casos que eventualmente se puedan presentar.