Nayib Bukele moldea un Estado a su servicio
Nueva Asamblea de El Salvador destituyó al fiscal general y magistrados de la Suprema Corte de Justicia
SUECY CALLEJAS, LEGISLADORA Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes”
SAN SALVADOR. El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión e inmediatamente destituyó al fiscal general y a los jueces enfrentados con el gobernante, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder.
La votación sin precedentes del Congreso se produjo el primer día de funciones de la nueva asamblea legislativa, después de que las elecciones intermedias de febrero le dieran al partido de Bukele una mayoría de más de dos tercios en la legislatura unicameral.
Después de la decisión, los propios magistrados declararon inconstitucional el acto y divulgaron su fallo en las redes sociales para hacerlo oficial. En la misma sesión, los diputados removieron de su cargo al fiscal general, Raúl Melara, supuestamente por falta de independencia en el desempeño de sus funciones.
El cese de los jueces fue promovido con el argumento de que con sus resoluciones obstaculizaron los planes del Gobierno para contener la epidemia de Covid-19. El mandatario celebró la decisión, escribiendo en Twitter: “¡DESTITUIDOS!”.
Los legisladores eligieron más tarde a los nuevos cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y al edificio del ministerio público, respectivamente.
Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, 'habeas corpus' y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
Asimismo, la Asamblea nombró a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general para un período menor a un año, tras destituir a Raúl Melara por supuestos nexos con un partido opositor.
Además, el exfiscal general que encabezaba las investigaciones de corrupción en el país, había iniciado una averiguación contra el mandatario a finales de 2020 por una supuesta negociación con líderes de la pandilla Mara Salvatrucha para frenar la violencia.
Anteriormente, Melara también fue fuertemente criticado por no levantar cargos contra los involucrados en el ingreso del presidente Nayib Bukele con militares armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020.
Se trató de uno de los episodios más caóticos de la política salvadoreña, y de los más tensos con el Congreso saliente, el 9 de febrero del año pasado, el presidente ingresó al recinto parlamentario, flanqueado por militares armados con fusiles, para presionar por un préstamo para su plan de lucha contra las pandillas.
RECHAZO GLOBAL
No solo integrantes de la oposición rechazaron las destituciones, sino también la comunidad internacional. Estados Unidos expresó al gobierno salvadoreño su “grave preocupación”.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su inquietud sobre la destitución del fiscal general Raúl Melara, “quien está combatiendo la corrupción e impunidad y es un socio efectivo en los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
La Organización de Estados Americanos advirtió que cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando los principios de la democracia.
Mientras que el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusó a Bukele de intentar “concentrar el poder”.
Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron la “usurpación” de la Sala de lo Constitucional y desconocieron a los abogados electos.
Los 84 diputados electos en febrero tomaron posesión en la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, lapso en el que el oficialismo tendrá mayoría.
Con ese número los aliados de Bukele superan la llamada “mayoría calificada” en el Parlamento que, además de las funciones habituales de aprobar leyes, les permite ratificar préstamos, elegir procuradores, al fiscal general y el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas.
El gobernante también podrá aprobar deuda del presupuesto, superar vetos, suspender y restablecer las garantías constitucionales, entre otras facultades.