Sin traductores no hay acceso a justicia para los rarámuris
Eso está en manos del poder Judicial, por lo que se abocan a que puedan cumplir su sentencia, reconocen
Secretaría General de Gobierno reconoce que algunas de las penas son injustas, pero argumenta que eso está en manos del poder Judicial, por lo que se abocan a que puedan cumplir con sus sentencias de acuerdo con sus usos y costumbres
CHIHUAHUA, CHIH., (OEM).-La lejanía, el crimen organizado, las disputas de tierras, la falta de un desarrollo adecuado y la falta de presencia institucional son algunas de las barreras que enfrentan los residentes de la Sierra Tarahumara en el tema de seguridad y violencia.
En la serie Aquí Estamos: Dignidad para la Sierra Chihuahuense, que tiene como objetivo conocer y visibilizar la problemática que existe en la región serrana, y lograr que ésta sea considerada de atención prioritaria por parte del Estado con presupuesto público designado para garantizar los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
El tema del foro fue: Seguridad y justicia, moderado por el Dr. en Antropología, Marco
Vinicio Morales. Participaron también Guillermo Palma, ralámuri, integrante de SINÉ
Comunarr, el Lic. Luis Fernando Mesta, de la Secretaría General de Gobierno, el Licenciado Francisco González Arredondo, de Fiscalía de Derechos Humanos, y el Padre Javier Ávila SJ, presidente de COSYDDHAC.
El diagnóstico que presentan sobre el problema de la inseguridad en la sierra es certero; la lejanía, el crimen organizado, las disputas de tierras, la falta de un desarrollo adecuado, la falta de presencia institucional y mencionan que el juicio llevado a cabo en el Caso de Julián Carrillo ejemplificó la violencia sistemática y generalizada que vive la población indígena en la sierra.
El Padre Javier Ávila habló acerca de la condición en la que se encuentran las personas ralámuri dentro de los CERESOS, en específico del número 8 de Guachochi, el cual está sobrepoblado. Mencionó que no hay defensores ni traductores, y que muchas veces los intérpretes son personas de los mismos centros, y esto da lugar a venganzas. Dijo también que no hay fuentes de trabajo para ellos, y cuando salen, no pueden volver a integrarse en su comunidad.
El Secretario de Gobierno comentó que respecto a esto ha sido complicado cumplir con los requisitos para que las personas ralámuri cuenten con traductores. Dijo que sabe que algunas de las sentencias son injustas, pero eso está en manos del poder judicial, por lo tanto en la Secretaría se esfuerzan para que puedan cumplir con sus sentencias de acuerdo a sus usos y costumbres.
Mencionó que están conscientes de que debe haber un mayor compromiso por parte de las autoridades, a través de recursos que cada instancia debe tener.
El Lic. Francisco González comentó que se deben visibilizar las problemáticas y exigir un tratamiento diferenciado por parte de los órganos de justicia. Por su parte, Guillermo
Palma, comentó que lo que se ve en la Sierra respecto a inseguridad es una consecuencia de lo que pasa dentro de la nación, y cuestionó las instancias donde se pueden presentar quejas ante las afectaciones, ya que no los escuchan.
Se dialogó acerca de las problemáticas de los presos, y qué se está llevando a cab o actualmente para cambiar estas situaciones. El licenciado Francisco comentó que se debe combatir la impunidad, y que se requiere mayor presencia de la federación, respecto al trasiego de droga, ya que ese delito es de competencia federal. También habló acerca un área que se tiene en la Fiscalía de Derechos Humanos, la cuál es análisis de contexto, y se ha dedicado a entender las causas que originan los hechos delictivos, con el fin de combatir la impunidad.
El Dr. Marco Vinicio finalizó el foro preguntándole a los participantes qué compromisos podían hacer, a lo que el Lic. Mesta respondió: “quedamos a deber, pero hemos luchado y lo hemos buscado desde el principio. Estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el tema de la ley de pueblos indígenas, dentro de la cual se incluye el sistema normativo de la justicia.”
Por su parte, el Lic. González Arredondo dijo que: “se requiere una intervención compleja, no solo basta la del gobierno estatal, sino exige la de diferentes niveles, de todos los poderes que intervienen.
Se debe de abarcar desde el desarrollo social, económico y el garantizar la seguridad del territorio y de los miembros, esto nos llevaría a trabajar de forma seria esos delitos que causas descomposición social, de nada sirve la presencia policial si trae consigo abusos.”
Por último, el Padre Javier propuso que, en delitos de mujeres, de violencia de género, siempre sea interprete otra mujer, y que lo ministerios públicos tengan capacitación cultural.
“Necesitamos que haya acciones más decididas, nuestra justicia es vengativa, hay que aprender de los juicios ralámuri.
Es necesario romper miedos”.