Delito, acto de Riggs y A. Lozoya: abogado

El abogado constitucionalista Rodolfo Villalobos del Rosal resaltó que ningún ciudadano tiene la autoridad de realizar acciones que supuestamente vengan a beneficiar a los ciudadanos por supuestas denuncias, ya que no tienen el derecho de intervenir y causar afectaciones en los bienes de terceras personas, mismos que deben como ciudadanos apegarse al marco jurídico, “si como candidatos actúan sin apegarse a la ley, nos están diciendo que como autoridad están dispuestos a actuar también por encima de la ley”.

El experto en materia constitucional indicó que el modelo jurídico establece un principio donde nadie puede ejercer justicia por su propia mano; a pesar de contar con información y evidencias de la realización de un delito en cierto lugar, no se puede llegar a ocasionar daños a propiedad ajena, ya que únicamente se puede llevar a cabo una acción de este tipo por medio de una orden expedida por un juez o tribunal.

Recalcó que el Estado de Derecho tiene como finalidad que el ciudadano crea al Estado para que éste resuelva aquello que sería necesario para la sana convivencia satisfaciendo las necesidades colectivas por medio de una constitución, dado que la idea de esto es que cada habitante permanezca sujeto a la ley.

En este caso, cuando actuaron los contendientes del partido naranja por propia voluntad pasando por encima del marco jurídico y actuando fuera del margen de la ley, evidentemente decidieron los involucrados que el Estado de Derecho no es aplicado a ellos, pudiendo realizar actos a beneficio personal o por el simple hecho de ser candidatos.

“Ellos (Miguel Riggs y Alfredo Lozoya) no son nadie para poder intervenir y causar algún tipo de afectación en los bienes de otra persona, lo que cometieron ellos es delito a propiedad ajena, no pueden realizar este tipo de actividades porque no son la autoridad”, expresó el experto en materia constitucional.

Villalobos del Rosal enfatizó que probablemente realizaron estos actos los ya mencionados bajo un contexto evidentemente de carácter político electoral, para verse más cercanos a la ciudadanía cometiendo un delito, ya que ni los elementos policiacos tienen la facultad de destruir la vivienda.