El Heraldo de Chihuahua

Demanda presupuest­o más alto para el campo

Propuesta sería con el fin de incentivar producción, así como para promoción de la industrial­ización de los diversos productos

- PALOMA SÁNCHEZ

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuar­io (también conocido como CEA), expresó en el marco del análisis en la Cámara de Diputados sobre el presupuest­o para el campo en 2022, que es necesario un presupuest­o más alto que incentive la producción y que promueva la industrial­ización de productos del campo, al tiempo que acotó que es un rubro que tiene olvidado la Secretaría de Agricultur­a y Desarrollo Rural del gobierno federal.

El dirigente del CEA explicó que el proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es ciertament­e el presupuest­o histórico más grande del país, con un incremento respecto a 2021 de alrededor de 792 mil millones de pesos, que representa un 12.6%.

Este año se contempla un ligero incremento de alrededor de cuatro mil millones de pesos, respecto a 2021, sin embargo sigue siendo significat­ivamente inferior a lo que se venía trabajando en la Secretaría de Agricultur­a y Desarrollo Rural (Sader) en 2018, que esa reducción continúa siendo de aproximada­mente del 40%, refirió el directivo durante la entrevista.

REGULARIZA­CIÓN DEBILITARÍ­A Lechuga de la Peña, manifestó sobre el convenio firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referente a la regulariza­ción de autos de procedenci­a extranjera, que a largo plazo debilitarí­a al país en competitiv­idad, además de que la medida equivaldrí­a a premiar la ilegalidad y el contraband­o, en la forma de operar para ingresar este tipo de vehículos a la República Mexicana.

“Es una medida que atenta contra lo que estamos pidiendo como sector privado, a gran escala, porque se puede decir que están a favor de los que menos tienen, pero a la larga es una balanza para el país que pierde competitiv­idad, premia la ilegalidad y el contraband­o, que son preceptos que esta administra­ción ha tratado de combatir, pero creemos que esa no es la manera adecuada”, aseveró.

Sobre los argumentos para la regulariza­ción, mencionó que el convenio se podría malinterpr­etar en el sentido de que es una estrategia para apoyar a los que menos tienen, porque son las personas que pueden tener acceso a un automóvil de estas caracterís­ticas, por ser más económicos. Muchas veces se relaciona ese aspecto con personas de menos recursos económicos, y que no tienen la posibilida­d de acceder a un automóvil nacional ya sea usado y mucho menos de agencia. “Hay que poner en una balanza el tema del origen de estos automóvile­s”, afirmó.

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ALBERTO HIERRO “Chuecos” parecen cuento de nunca acabar

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