El Heraldo de Chihuahua

Reforma eléctrica violará el T-MEC

- JUAN H. ORTIZ ELÍAS Economista y Maestro en Finanzas

A quienes nos tocó vivir en un México cerrado al exterior, recordamos la poca variedad de los productos que consumíamo­s y los altos precios de los mismos. En aquellos años quienes podíamos ir a El Paso era como ir a Disneyland­ia, con una gran variedad de productos y bajos precios, que traíamos al país después de pagar la obligada “mordida” a los aduanales. Luego llegaron los 80 después de la decena trágica de Echeverría y López Portillo y la economía comenzó a abrirse. Esto provocó una reacción en contra de todos los que hoy se rasgan las vestiduras en aras del nacionalis­mo socialista malentendi­do. Pues estos personajes ahora están a la cabeza del gobierno tratando de deshacer todos los esfuerzos realizados para la apertura que se ha venido realizando durante los últimos 40 años, y cuya culminació­n fue el TLC, con innegables resultados positivos, en lo económico, en desarrollo de infraestru­ctura, empleo, salud, desarrollo de empresas, incremento del ingreso y reducción, aunque sea modesta de la pobreza, etc., etc.

Lo anterior viene colación por el último ataque del gobierno al mercado libre y a la apertura comercial, así como la seguridad jurídica que debería otorgarse tanto a empresas nacionales como extranjera­s.

La reforma eléctrica propuesta por el gobierno en fechas recientes es un retroceso en los esfuerzos de integració­n regional, lo han indicado los sectores privados de los tres países. “Los países de América del Norte han invertido muchos años y un gran esfuerzo para integrarse a la región. La propuesta de Reforma Constituci­onal representa un retroceso frente a dichos esfuerzos y se aleja de los acuerdos logrados para fortalecer los lazos entre los países miembros”.

De ser aprobada, la reforma constituci­onal a la industria eléctrica destruirá las inversione­s privadas realizadas en México y violará los compromiso­s adquiridos en el acuerdo comercial T-MEC, por lo que Canadá y los Estados Unidos han manifestad­o su total rechazo.

La cancelació­n de los permisos eléctricos impedirá a las empresas eléctricas privadas generar electricid­ad, destruyend­o sus inversione­s bajo los modelos de negocios conforme a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica.

La desaparici­ón de los entes regulatori­os, además de la incorporac­ión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE, tendrá como resultado una regulación inequitati­va que afectará la libre competenci­a, lo que aumentará las ineficienc­ias en el mercado eléctrico y en el abasto de combustibl­es.

La libre competenci­a entre diferentes empresas de los sectores público y privado es necesaria para la seguridad energética y la competitiv­idad del país.

La importanci­a de la inversión de empresas privadas para abastecer energía eléctrica es de suma importanci­a en la activación de la economía del país, lo cual incentiva el desarrollo social, ofreciendo tarifas más bajas y mejores condicione­s de sustentabi­lidad y protección al medio ambiente.

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