Hay que defender la Constitución mexicana
El pasado 5 de febrero el presidente de la república no tuvo tiempo (o no tuvo ganas) de reunirse con los representantes de los demás poderes federales en la ciudad de Querétaro, lugar en el que se acostumbra rendir homenaje a la Constitución que nos rige a todos los mexicanos, recordando precisamente la fecha y el lugar en los que fue promulgada.
En la tarde de ese día pronunció un discurso en Palacio Nacional arropado por los suyos, en el que dio a conocer un conjunto de iniciativas de reforma constitucional que deben llamar mucho la atención, porque en caso de que se aprueben estaríamos ante un escenario muy preocupante para el país.
El presidente propuso ese día cambiar el sistema de elecciones de todos los jueces federales, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los jueces de distrito, para que ahora sean electos “por el pueblo”, previa selección de candidaturas que se haga desde los poderes federales (unas propuestas vendrían del Ejecutivo, otras del Legislativo y otras del Judicial). El presidente quiere que sea la popularidad en vez del mérito lo que determine quién va a resolver los juicios de amparo que, en defensa de nuestros derechos, promovamos ante el Poder Judicial de la Federación. El carisma va a sustituir al talento, en una especie de cambalache constitucional que creo que no le conviene a nadie. La elección popular también sería la forma de elegir a los magistrados federales en materia electoral (podrá imaginar el amable lector lo que eso puede generar para la buena conducción de las elecciones).
Además, el presidente propone ampliar el catálogo de delitos por los cuales se puede dictar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa (conocida coloquialmente como “prisión automática”), pese a que desde el año pasado México recibió dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declararon que dicha manera de imponer la prisión es violatoria de derechos humanos y debe ser eliminada de nuestra carta magna.
En la exposición de motivos de esa propuesta presidencial ni siquiera se tuvo el cuidado de citar las dos sentencias interamericanas; a ese nivel llega el desdén presidencial hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La prisión automática representa una suerte de “subsidio” hacia las fiscalías de justicia, para que no tengan que justificar y argumentar las razones por las que a una persona sometida a proceso penal se le va a meter a prisión, pese a que todo individuo debe ser presumido inocente de acuerdo con el texto constitucional y con los tratados de derechos humanos que México ha suscrito.
El resultado de esa propuesta, en caso de que se llegue a aprobar, sería aumentar la población penitenciaria del país, que ya hoy es excesiva; de hecho, el 42% de las personas presas en las cárceles mexicanas no ha recibido una sentencia que diga que son culpables de haber cometido un delito. Están ahí mientras se les sigue el proceso penal correspondiente, lo cual es gravísimo. Otras propuestas presidenciales de reforma constitucional se refieren al salario mínimo, al sistema de pensiones, al tema del agua, a la prohibición de maltrato animal y a los pueblos indígenas.
El presidente tuvo más de cinco años para presentar sus ideas de cambio constitucional. Decidió hacerlo al final de su mandato, cuando el país está inmerso en un intenso proceso electoral que va a implicar la renovación de miles de cargos públicos. Tal parece que el presidente, a la buena o a la mala, quiere seguir siendo el centro del debate público nacional.
Le auguro un mal pronóstico en su cercano retiro de la política. Va a ser muy complicado para él que cada vez lo escuchen menos y que se dejen de lado sus diatribas cotidianas. Pero así es la vida republicana: los cargos son temporales.
Nos quiere dejar una herencia constitucional que no es positiva, ni necesaria, ni siquiera urgente. Debatamos y analicemos sus iniciativas con calma y con rigor. El país lo merece, la historia nos convoca a ello.