Congelan mil mdp a cárteles
CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló mil millones de pesos a dos de los principales grupos criminales en México durante la actual gestión: el cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta acción se llevó a cabo en 330 cuentas de personas físicas y morales relacionadas al CJNG y mil 968 cuentas del grupo criminal de Sinaloa, detalló Santiago Nieto, titular de la UIF.
También recordó que así se atacó al Cartel de Santa Rosa de Lima en dos ocasiones: en abril de 2019 y julio de 2020, donde se le congelaron 88 cuentas, entre las que se encontraba una relacionada a la mujer del líder de este grupo delictivo con 35 millones de pesos.
Santiago Nieto advirtió que asestarán un cuarto golpe a otra organización criminal próximamente, aunque no reveló los detalles por ser investigación en curso.
Al presentar el informe Evaluación Nacional de Riesgos y de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, informó
SIN TERRORISMO
SANTIAGO NIETO negó que en México se financie el terrorismo, pues el país no aparece en las listas de combatientes terroristas
que el gobierno detectó 19 organizaciones criminales al interior del país, de las cuales los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Pacifico son considerados grupos con actividades internacionales.
Nieto Castillo denunció el crecimiento acelerado de ocho grupos regionales como la Unión Tepito y el Cartel de Tláhuac, en la ciudad de México, el Cartel del Noroeste, en Tamaulipas, Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos, en Guerrero, entre otros.
Explicó que estas organizaciones han diversificado sus estrategias y giros delictivos para sobrevivir, por ejemplo, el Cartel de Santa Rosa de Lima dejó de lado el tráfico de drogas y el robo de hidrocarburos para dedicarse al secuestro.
Aseguró que las principales acciones para atacar a estos grupos son el combate a sus estructuras financieras, perseguir y erradicar la corrupción política, judicial, ministerial y policial que les genera un manto de protección jurídica y la base social que los apoya.