Contra el Estado de derecho y la inversión
En los
mismos días de la presentación del nuevo plan de infraestructura con participación de la iniciativa privada, como pretendida muestra de voluntad para generar sinergias, parecía consumarse la claudicación de los órganos reguladores de dicho sector a las directivas del Gobierno federal.
Hay que subrayar que estas instancias supuestamente son autónomas en sus determinaciones técnicas. De esta forma, se atenta contra proyectos productivos en áreas como generación renovable o comercialización de petrolíferos, al erigirse una barrera de facto, que además inhibe la inversión en general, pues se vulnera la certidumbre jurídica, clave para proyectos productivos de largo plazo.
En esa perspectiva, el pleno de la CRE acaba de decidir que no se permitirá que las plantas de autoabasto provean electricidad a nuevos socios, lo cual puede trastornar planes de negocios que se hicieron con un marco normativo que se cambia abruptamente.
En tanto, se implementaron ajustes administrativos y modificaciones regulatorias que han paralizado el otorgamiento de permisos o la realización de trámites, lo cual detiene muchos proyectos.
A fin de cuentas, es la misma situación de discrecionalidad, falta de certeza jurídica o no cumplimiento del Estado de derecho que se advierte en otros ámbitos. Por ejemplo, con el bloqueo de vías de ferrocarril y casetas de peaje o en nueva tramitología como la que está afectando gravemente la importación de insumos necesarios en la industria.
Hay un nuevo énfasis en una burocratización paralizante: ya sea por desconocimiento y prácticas administrativas inconsistentes, o bien con la deliberada intención de obstruir los proyectos privados y favorecer los del gobierno. Difícilmente puede pensarse que no la hay, cuando justamente eso se pide en el memorándum referido.
Basta un somero repaso de algunas de sus directivas para confirmar eso. Muchas son, en realidad, buenos deseos o malas apuestas de inversión. Otras, al ser contrarias a la legislación aplicable, de realizarse, darán paso tanto a amparos como a
Se habla de detener la exportación de petróleo y la importación de gasolinas, pero no de dónde vendrían las divisas que Pemex y el gobierno necesitan para el servicio de su deuda.
litigios internacionales, incluyendo denuncias contra violaciones a tratados como el TMEC.
Por ejemplo, se pide el congelamiento del precio de combustibles y electricidad, receta perfecta para que eventualmente se incrementen exponencialmente las pérdidas. Por otro lado, se llama a la autosuficiencia energética, pero cómo podría lograrse esto si se impide la inversión privada y el gobierno no tiene recursos para fondear ese objetivo por cuenta.
Se habla de detener la exportación de petróleo y la importación de gasolinas, pero no de dónde vendrían las divisas que Pemex y el gobierno necesitan para el servicio de su deuda.
Asimismo, de la supresión de subsidios a empresas particulares, cuando no hay tales; al contrario: se subvenciona a Pemex y al consumo eléctrico básico.
En el mismo sentido, se pide privilegiar el despacho de las centrales de CFE, sin que medie el criterio de costo/eficiencia. Nuevamente, esto contraviene la legislación, en particular la que rige al Mercado Eléctrico Mayorista, a las de competencia y a las obligaciones de los reguladores. Lo mismo aplica para la solicitud de apoyar a Pemex en la distribución de energéticos a fin de impedir que pierda participación de mercado.
Insistir en esta dirección causará grandes daños al país en términos de inversión, atraso tecnológico, inseguridad en el suministro para la industria y el desarrollo económico, así como costos ambientales y para el erario, al grado de comprometer el grado de inversión de la deuda soberana.