José Eduardo Limón
En México ya no se necesitan jueces: su existencia y sus conocimientos únicamente frenan el avance de la 4ta des-transformación del país. Ahora tenemos a MALO que desde sus costosos reflectores matutinos acusa, juzga, sentencia y absuelve.
Y aunque
el presidente es licenciado en Ciencias Políticas, evidentemente no conoce muy bien el principio de independencia judicial y de la división de poderes; para explicárselo tuvieron que salir en defensa del juez Especializado en Competencia Económica, voces de juristas que le anunciaron al tirano que sus actuaciones atentaban contra el Estado de Derecho. La respuesta fue despótica: ‘‘Sí dicen que la reforma es inconstitucional, entonces cambiaremos la Constitución’’. Así resuelve el tirano sus problemas, nadie puede contradecirlo ni exponerle que sus reformas contaminantes y monopolizadoras no van.
Una vez más y con mayor contundencia, MALO se vuelca con fiereza contra de la división de poderes. Lo habíamos visto hacerlo contra gobernadores de las distintas entidades federativas, lo cual era interpretado como un tema político; sin embargo, en esta ocasión la víctima de sus discursos injuriosos fue el Poder Judicial de la Federación.
En días pasados el presidente anunció que buscaría una reforma a la industria eléctrica porque, como en todas las cosas que él no controla, ‘‘existe corrupción’’.
Distintas voces dentro y fuera del país se levantaron para hacerlo entrar en razón y anunciarle que su visión de reforma era más bien un paso hacia el pasado.
No podemos sorprendernos de eso porque MALO lleva siendo candidato casi toda su vida adulta y nunca se ha tomado el tiempo para tratar de entender el mundo. Su visión corresponde más bien al sueño frustrado de los años 70 en donde los combustibles fósiles eran la única materia prima industrializada para la generación de energía.
El tiempo pasó y el de las ideas antiquísimas seguía engañando a la población con el discurso de que la solución económica de México se encontraba en nacionalizar las energías. En ningún momento se detuvo a considerar que en otras partes del mundo las energías renovables comenzaron a ser más baratas y saludables para el medio ambiente; es decir, más rentables para la industria eléctrica.
Con esa necedad, nuestro presidente le envió a sus fieles seguidores de Morena una iniciativa de reforma, que a pesar de ser una mala estrategia para mejorar la industria eléctrica, fue aprobada por sus súbditos sin peros ni miramientos. Nos atrevemos a decir que muchos de ellos ni la leyeron ni la entendieron.
Pero cosa distinta ocurrió con el Poder
Judicial de la Federación: las empresas privadas al ver que el derecho de la libre competencia económica, consagrado en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, se veía contradicho por una necedad presidencial, inmediatamente recurrieron a los amparos esperando que un Poder distinto tuviera mucha mayor cordura.
Hasta el día viernes 19 de marzo, ya se habían presentado al menos 30 amparos de distintas empresas, se habían concedido 27 suspensiones provisionales con efectos generales y una definitiva; en síntesis, el presidente recibía un revés de los que no está acostumbrado a recibir de sus adoradores que repiten a coro y sin análisis “¡Es un honor estar con Obrador!”.
Así fue como durante toda la semana, y a medida que eran presentadas las demandas de amparo, el señor del palacio arremetía con fiereza contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro acusándolo de estar al servicio de intereses particulares, lo descalificó públicamente y desde el circo nacional, cambió su potestad ejecutiva para convertirse en el juez de los jueces.
Inmediatamente mandó una carta al ministro Zaldívar para pedirle que metiera en cintura al juez Juan Pablo, creyendo que en el sistema judicial las cosas operan de igual forma que en su gabinete.
Y aunque el presidente es licenciado en Ciencias Políticas, evidentemente no conoce muy bien el principio de independencia judicial y de la división de poderes; para explicárselo tuvieron que salir en defensa del juez Especializado en Competencia Económica, voces de juristas que le anunciaron al tirano que sus actuaciones atentaban contra el Estado de Derecho.
La respuesta fue despótica: ‘‘Sí dicen que la reforma es inconstitucional, entonces cambiaremos la Constitución’’.
De momento tiene una buena cantidad de aduladores que, aunque su desnudez es evidente, no se tomaran la molestia de esgrimirle razones:
“El Estado soy yo”