Manuel Guadarrama
La discusión en torno a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) continúa. El 9 de marzo el presidente promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que destruye el mecanismo de despacho de energía, para dar prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cuando se habla de bienes nacionales o empresas del Estado, cada quién tiene una postura ideológica o al menos una idea de lo que se debería hacer con su administración. Opiniones hay muchas, pero la Constitución es clara. Se reconoce y protege la competencia económica y el medio ambiente. La Constitución es el reflejo de la voluntad popular. La ideología, la realidad y los contextos son cambiantes. Las normas en general tienen que adaptarse a sus realidades, de lo contrario, pierden su fuerza vinculante. A pesar de haber celebrado el mes pasado los 104 años de vigencia de la Constitución, actualmente lleva 246 reformas. Estas modificaciones permiten que el Estado, los poderes y sus instituciones respondan a lo que aspiramos y queremos como país y como sociedad. Este documento refleja el modelo de gobierno que queremos tener.
En la Constitución están las aspiraciones, los diseños y límites que son la base del “contrato social”. México hasta el día de hoy es una República representativa, democrática, laica y federal. Tiene órganos constitucionalmente autónomos y división de poderes. El presidente y los legisladores son elegidos por el voto de los ciudadanos, los jueces no.
Los jueces no deben representar mayorías ni minorías. La voluntad popular no solo no es necesaria, sino es un riesgo para la impartición de justicia.
La sujeción del juez es la ley, no la voluntad popular o la voluntad política. Su función, dependiendo el tipo de juzgador es la protección y defensa de los derechos, el respeto a la ley y la Constitución.
El Poder Judicial en México durante años estuvo capturado por la voluntad del Ejecutivo federal. A la fecha, las facultades del presidente son determinantes para la integración del máximo tribunal del país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El respeto a la división de poderes no es una cosa dada, es una cuestión que se construye y defiende
día a día. Sin duda, la actuación de los jueces, no en pocas ocasiones, ha dado mucho que desear y reflexionar.
El Poder Judicial tiene mucho que mejorar. Ejemplos sobran: apenas hace unos días, se determinó que todas las sentencias de los tribunales del país deben estar a disposición de la sociedad porque son información de interés público. Previamente, la publicidad y transparencia quedaba a discreción de los jueces. Sin embargo, la función de protección y el respeto a la ley es algo sobre lo cual no debería haber margen de error.
El viernes 19, el juez resolvió otorgar la suspensión para “detener” la entrada en vigencia de la reforma a la LIE. El juez seguramente tendrá una opinión sobre si “es bueno o no” favorecer a CFE y eliminar los mercados del Sistema Eléctrico Nacional. Pero la resolución del juez no se basa en su opinión. La LIE afecta derechos de personas y empresas. Va en contra de la libre competencia, libre concurrencia, medio ambiente y manejo eficiente de recursos públicos. Todos valores reconocidos y protegidos por la Constitución.
Los términos en los cuáles se otorgó la suspensión son debatibles. Los abogados amparistas acostumbrados a la relatividad de efectos que tiene este juicio critican la suspensión general. La evidencia apunta a que el derecho del quejoso está en red y no puede darse la protección efectiva sin que sea a través de un efecto general. De lo contrario, se terminaría dando una ventaja indebida y afectación a la competencia económica, como lo hace la reforma a la LIE.
Queda una lección: más vale hacer las cosas bien desde un inicio. Una reforma con todas sus implicaciones jurídicas y políticas. Habrá que ver si la voluntad popular y la evidencia sostienen la protección de una empresa pública por encima de otros valores constitucionales.