Claudia Corichi
Frente a la crisis por la pandemia a causa del Covid-19 en la que estamos inmersos y sus correspondientes efectos económicos, hay otra crisis global que demanda atención inaplazable, la derivada cambio climático. La actividad económica humana está causando el deterioro del planeta y afectando la salud y vida de todos los seres en él. Desde 2015 se han registrado temperaturas anuales altísimas, en un contexto difícil para la humanidad y con pobreza en prospectiva hay que añadir otro factor, el estrés hídrico.
La lluvia en 2020 no fue la esperada y la llegada de la primavera abona a la sequía y crisis, como lo hacen el incremento de la deforestación y la temporada de incendios. Estos factores aumentan de manera importante la vulnerabilidad e impactan directamente en la vida de las personas. Por ejemplo, este mes, mientras el calor comienza a aumentar, en la CdMx recibimos la noticia de que habrá cortes en el servicio de agua durante las próximas semanas debido al déficit de más del 21 por ciento que presenta el Sistema Cutzamala. Es más, la falta de agua no afecta solo al Valle de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional, al 15 de marzo, 65 por ciento del territorio experimenta sequía moderada, severa, extrema o excepcional.
Para garantizar el acceso al agua potable, drenaje y saneamiento se requiere cooperación regional y políticas públicas estratégicas, pero, también la vigilancia y fiscalización del uso de recursos públicos ejercidos en las necesidades más básicas, como lo es este derecho. Sin embargo, varias políticas mal encaminadas terminaron, por corrupción o inexperiencia, formando elefantes blancos de obra pública que no han rendido los frutos necesarios. A lo que se suma la premura de invertir en procesos industriales que minimicen el impacto ambiental y evitar otros, como los mineros o de fracking, que sacrifican agua limpia con el afán de incrementar su producción.
El agua es un recurso limitado e insustituible, necesario para la vida, la salud y el bienestar de todos los seres. El acceso a agua limpia y saneamiento fue reconocido como un derecho humano por la Asamblea general de la ONU en 2010 y constituye el ODS 6. Hoy 71 por ciento de la población mundial tiene acceso a agua potable, pero para dos mil 200 millones de personas esto no es una realidad y tres mil 200 millones no cuentan con instalaciones para lavado de manos (fundamental
Para garantizar el acceso al agua potable, drenaje y saneamiento se requiere cooperación regional y políticas públicas estratégicas, pero, también la vigilancia y fiscalización del uso de recursos públicos ejercidos en las necesidades más básicas, como lo es este derecho. Sin embargo, varias políticas mal encaminadas terminaron, por corrupción o inexperiencia, formando elefantes blancos de obra pública que no han rendido los frutos necesarios. A lo que se suma la premura de invertir en procesos industriales que minimicen el impacto ambiental y evitar otros, como los mineros o de fracking, que sacrifican agua limpia con el afán de incrementar su producción. El agua es un recurso limitado e insustituible, necesario para la vida, la salud y el bienestar de todos los seres. El acceso a agua limpia y saneamiento fue reconocido como un derecho humano por la ONU en 2010.
sobre todo en tiempos de Covid).
Ahora se estima que 2/3 partes de la población mundial podrá vivir en 2025 en países con escasez de agua. El reto está en garantizar que este derecho humano, consagrado tanto en la Agenda 2030 como en la Constitución, se ejerza en los hechos. Si con este proceso post 2020, de repensar y plantear la recuperación mundial, no implementamos un modelo de desarrollo sostenible, con compromiso y urgencia, no habrá futuro.