Dan revés a FGR en caso Segalmex
Absuelve tribunal a ex directivo por carecer de pruebas
Un tribunal federal canceló en forma definitiva la acusación penal contra Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, por la presunta compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca confirmó la no vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de lavar dinero, al concluir que carece de datos de prueba la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR)contra el ex funcionario.
El ex funcionario, quien se encuentra prófugo de la justicia, tiene otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero por el supuesto desfalco de mil 687 millones de pesos en los contratos de Segalmex para procesar leche bronca.
Dávila es quien detonó las investigaciones de corrupción en Segalmex, al presentar más de 10 denuncias ante distintas autoridades, incluido el caso de la compra simulada de azúcar, por lo que la FGR lo detuvo y trató de involucrar infructuosamente.
Denunció a René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, por la compra ilegal de títulos bursátiles por más de 700 millones de pesos; presentó demandas civiles por incumplimiento de contrato e hizo gestiones que se lograra el resarcimiento de 500 millones de pesos al organismo
descentralizado.
A pesar de lo anterior, el pasado 10 de marzo, la FGR cateó su domicilio en la Ciudad de México y lo aprendió, por el caso de la compra-venta de azúcar que él mismo había denunciado, a través de una abogada a quien extendió un poder de representación de Diconsa.
Fue trasladado al penal del Altiplano, donde seis días después Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, le dictó la no vinculación a proceso porque no se suscribió ningún documento relacionado con el contrato cuestionado ni la FGR ofreció alguna otra evidencia adicional en su contra.
Según la Fiscalía, el contrato mediante el que presuntamente se desviaron 142 millones de pesos fue adjudicado a Servicios Integrales Carregin y Dávila fue el encargado de supervisar el registro de alta de esta empresa “fachada” en el padrón de proveedores de Segalmex.
La FGR afirmó que el 16 de abril de 2020 el entonces director de Asuntos Jurídicos firmó el oficio de alta; sin embargo, los abogados José Lafontaine Hamui y José Luis Romero exhibieron que dicho documento en realidad lo firmó Rogelio Elizalde Menchaca, gerente de lo Contencioso de Diconsa.
Debido a que ese era el único dato de prueba contra Dávila para implicarlo como miembro de una organización criminal, el juez ordenó su libertad.
La Fiscalía impugnó el fallo pero ahora, con base en un proyecto del Magistrado
Fernando Córdova del Valle, el tribunal de apelación ratificó la no vinculación a proceso, enfatizando que en principio la fiscal del caso aceptó ante el juez que el citado documento no lo firma Dávila.
“Las máximas de la experiencia denotan que si una persona forma parte de una agrupación debe cuidar o proteger a los miembros e intereses económicos que los une, lo que en el caso, no sucedió, pues sería un contrasentido que Carlos Antonio Dávila a Medina, perteneciendo a la organización, ordenará proceder jurídicamente contra sus líderes”, dice la sentencia.
Con esta resolución, Dávila se quitó de encima una imputación, pero sigue vigente otra que lo mantiene en calidad de prófugo de la justicia.