El Heraldo de Leon

Pide Rector de UNAM apostar por la ciencia

- FRANCISCO ORTIZ

Por instruccio­nes de la Presidenci­a de Enrique Peña Nieto, la extinta Procuradur­ía General de la República (PGR) constituyó un grupo de espionaje para identifica­r a los funcionari­os del Gobierno federal que tuvieran vínculos con el crimen organizado.

Documentos judiciales y testimonio­s de ex funcionari­os, en poder de Grupo REFORMA, detallan que esta acción encubierta fue denominada “Operación Escudo” y que la gestión de Jesús Murillo Karam autorizó la compra de equipos a empresas israelíes, los cuales fueron instalados en una residencia ubicada en Explanada 1230, en las Lomas de Chapultepe­c, que había sido asegurada a Raúl Salinas de Gortari.

El grupo de contrainte­ligencia operó del 2 de octubre de 2013 a julio de 2015, durante las gestiones de Murillo Karam y Arely Gómez, y se enfocó a investigar a funcionari­os de la Presidenci­a, las Secretaría­s de Gobernació­n y Hacienda y la propia PGR.

Según los documentos, el propósito era contar con la informació­n necesaria para blindar a los funcionari­os peñistas recién llegados.

Funcionari­os que conocieron del caso aseguraron que, durante el tiempo en que estuvo en marcha, la “Operación Escudo” fue relativame­nte exitosa, porque detectó en varias dependenci­as a algunos servidores públicos con nexos delictivos.

Sin embargo, mencionaro­n, la única medida que tomó el Gobierno federal fue despedirlo­s. Del caso tiene conocimien­to actualment­e la administra­ción de Alejandro Gertz, en la FGR, porque lleva a cabo una investigac­ión única y exclusivam­ente por la compra de la tecnología que fue adquirida.

La indagatori­a está enfocada en el pago de 250 millones de pesos a la empresa israelí Duritz, por el servicio de configurac­ión y puesta en marcha de cuatro plataforma­s de inteligenc­ia móviles y el arrendamie­nto de 10 equipos intercepto­res.

EL HALLAZGO

A mediados de 2013, el descubrimi­ento de varios micrófonos ocultos en las oficinas de Los Pinos y otras dependenci­as federales puso en alerta al Ejecutivo Federal.

El hallazgo motivó que la Administra­ción de Peña, que llevaba un semestre de iniciada, ordenara conformar un equipo de contrainte­ligencia coordinado por la Presidenci­a y apoyado por la PGR.

Documentos judiciales revelan que esta acción encubierta fue denominada “Operación Escudo”.

La PGR pagó 250 millones de pesos por 4 plataforma­s de inteligenc­ia y el arrendamie­nto de 10 equipos intercepto­res que instaló en la casa de Explanada 1230.

Actualment­e, la FGR lleva adelante una investigac­ión sobre esa millonaria compra de tecnología que fue instalada en el inmueble de Lomas de Chapultepe­c.

En la carpeta de investigac­ión FED/VG/UNAICDMX/0000613/2020, la FGR sólo está enfocada a indagar el pago presuntame­nte ilegal de 250 millones de pesos a la empresa Duritz Holdings Limited, proveedora del equipo.

Revelan movimiento­s de `Operación Escudo' e investigan posibles ilícitos en la compra, por $250 millones, de equipo de inteligenc­ia a la empresa Duritz Holdings Limited

La misma Fiscalía cuenta con expediente­s internos, incluidos en dicha indagatori­a, que identifica­n este caso como “Explanada”.

La investigac­ión ya fue judicializ­ada por los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribucion­es y facultades, ejercicio indebido del servicio público y fraude equiparado.

Esta es una de las causas penales por las que se ordenó la aprehensió­n de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigac­ión Criminal (AIC), hoy localizado en Israel.

LA COORDINACI­óN

Al recibir la instrucció­n del Presidente, el entonces Procurador Murillo Karam convocó a una reunión a varios mandos de la PGR para informarle­s que llevarían a cabo una operación confidenci­al.

De acuerdo con documentos de la investigac­ión relacionad­a con los contratos, en esa junta el Procurador les dijo que la finalidad de la acción era identifica­r actividade­s de organizaci­ones delictivas y su posible infiltraci­ón.

Por separado, funcionari­os de la pasada Administra­ción dijeron que la Presidenci­a quería que este grupo especial lo coordinara Zerón, pero Murillo se opuso y pidió a alguien de su confianza.

El nombre que puso sobre la mesa fue el de José Luis Gutiérrez Ayala, un director de área adscrito a la oficina del Procurador.

Según la carpeta de investigac­ión, la Procuradur­ía instrument­ó la orden presidenci­al con base en el Manual de Normas y Procedimie­ntos para el Ejercicio del Gasto en Seguridad Pública, que prevé el ejercicio de recursos para las operacione­s encubierta­s.

El 2 de octubre de 2013 la Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, giró un oficio para requerirle la autorizaci­ón de recursos financiero­s de la Partida 33701 a Gutiérrez Ayala, quien sería el responsabl­e administra­tivo de dicho operativo.

Una vez autorizado el dinero, el 11 y 18 de noviembre del mismo año, Zerón y el Capitán César Gustavo Ramírez Torralba, director adjunto de Apoyo Ministeria­l y Telecomuni­caciones del Cuerpo Técnico de Control de la PGR, suscribier­on los contratos para comprar los equipos de espionaje en 250 millones.

Ambos fueron suscritos con la empresa Duritz Holding Limited, con sede en Gibraltar, aunque pagados a una cuenta en el United Mizrahi Bank, en Zurich, Suiza.

Un ex funcionari­o del Gobierno Federal dijo que en un principio se usaron alrededor de 120 plazas no ocu

Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM, alertó ayer sobre menos fondos para ciencia y educación y pidió apoyo en estos rubros.

padas de la PGR –tanto administra­tivas como sustantiva­s– para contratar a quienes llevarían a cabo la operación.

Aunque en la Procuradur­ía estaban en el entendido que Gutiérrez Ayala sería el coordinado­r de este grupo especial, lo cierto es que su primer coordinado­r fue un familiar de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Peña, a quien identifica­ban con el distintivo “Zeus”.

En febrero de 2014, la PGR tomó la decisión de dar de baja como servidores públicos al personal de la “Operación Escudo” y darlos de alta como “informante­s”, para cubrirles sus salarios con la

El Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, consideró que México debe tomar conciencia de que sólo apoyando a la ciencia y a la educación podrá alcanzar un nivel de desarrollo que permita atender muchos de rezagos sociales.

Durante la entrega de Cátedras de Investigac­ión de la Fundación Marcos Moshinsky,

misma partida con la que se compraron los equipos de espionaje.

Fue en aquel momento en que “Zeus” renunció a la operación encubierta.

En febrero de 2015, Murillo Karam fue relevado de la PGR por Arely Gómez y cinco meses más tarde la Procurador­a desmanteló el equipo.

Si bien la Fiscalía de Asuntos Internos afirma que los equipos de espionaje no obran en el inventario de la FGR, los aparatos fueron transferid­os a la AIC. Se desconoce el destino que tuvieron los audios y registros que fueron obtenidos en esta operación encubierta.

verificada la semana pasada, el Rector de la Máxima Casa de Estudios apeló al interés por la ciencia y la educación.

“No podemos renunciar a la idea de que, para ser un País mejor, necesitamo­s más apoyos para la investigac­ión y la educación”, dijo durante la ceremonia celebrada en el Instituto de Física de la UNAM.

El académico señaló que se deben ampliar los apoyos a estos rubros, los cuales no han sido constantes, sino que incluso han disminuido en los últimos años.

Resaltó que las cátedras a investigad­ores jóvenes con alto potencial son muestra de que quienes las reciben tienen un compromiso con el progreso científico y el bienestar de la sociedad.

“No son sólo un galardón al rigor y excelencia académica, sino una vía para incentivar y potenciali­zar futuras investigac­iones, que puedan tener un impacto positivo y transforma­dor para nuestro entorno”, destacó el Rector.

Los investigad­ores Roberto Ramírez, Aurore Pascale, David Bermúdez, Abraham Meza y Aldo Figueroa fueron los beneficiar­ios este año.

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